EL Ministerio de Sanidad y Consumo, que dirige Bernat Soria, ha prometido que en otoño se incorporará al ordenamiento jurídico español una directiva europea que tipifica la ilegalidad del denominado 'spam telefónico', una técnica de venta de servicios o productos que consiste en llamar a los hogares o móviles particulares para anunciar ofertas y servicios no solicitados. Seguramente se trata de una de las medidas más populares del Gobierno de Zapatero, pues es prácticamente imposible encontrar algún ciudadano que no sea o haya sido víctima de este tipo de publicidad agresiva. Y es en esa 'agresividad' , que según el Ministerio se ha hecho particularmente insoportable en los últimos meses, en la que se apoyará el Gobierno para que entre en vigor una norma europea que data del año 2005. Es discutible que el también conocido como 'telefonazo basura' se haya hecho más insoportable en los últimos meses porque lo cierto es que se trata de una práctica que lleva años martirizando a los españoles. En todo caso, más vale tarde que nunca. Al amparo de esta iniciativa, asociaciones de consumidores y usuarios podrán acudir a los tribunales contra este tipo de llamadas insistentes y tremendamente molestas que, por lo general, se producen en horas de descanso familiar, a primera hora de la tarde y por la noche. A partir de su incorporación al ordenamiento jurídico, este tipo de prácticas abusivas serán consideradas infracciones graves o muy graves y será el Instituto Nacional de Consumo el organismo encargado de vigilar su cumplimiento. Junto a este aspecto punitivo, el Ministerio se compromete a promover la participación de organizaciones empresariales , profesionales y de consumidores en la elaboración de códigos de conducta que ayuden a controlar estas prácticas publicitarias irregulares y a elevar el nivel de protección de los consumidores. Porque las empresas tienen todo el derecho, y más en estos tiempos de crisis, a buscar nuevos métodos y sistemas que les permitan vender más y mejorar sus resultados, pero sin que ello sea una patente de corso para pisotear derechos ciudadanos como la privacidad y el descanso.