CREO no revelar ningún secreto si afirmo que en nuestra realidad actual los partidos políticos son los que ostentan el monopolio de la designación de candidatos a cualquier cargo electivo. Ellos son los únicos que pueden confeccionar las listas, compuestas generalmente por sus propios militantes, y cerradas además, sobre las que los ciudadanos han de pronunciarse por una sola de ellas, sin posibilidad de optar por algún candidato de otra diferente, y nombrar así a los políticos que pudiendo ser reelegidos indefinidamente, sin limitación alguna, les deban disciplina, incluso de voto, y con derecho a percibir, no sólo la indemnización de sus gastos mediante las correspondientes dietas, sino además sueldos y pensiones claramente privilegiados en cuantías, salvo excepciones, muy superiores a los que podrían conseguir en sus vidas privadas.

El partido político aparece así como un aparato encaminado a la conquista del poder mediante sus militantes y candidatos y para el que los demás ciudadanos no son más que el medio o el instrumento. Los políticos que sean sus militantes y candidatos han de ser por tanto sus especialmente protegidos, permitiéndoseles su actividad más allá de toda vida laboral y hacer de la política una verdadera profesión, de tal manera que su primera finalidad ya no será la obtención del bien común sino la consecución y el mantenimiento de sus puestos políticos, aunque sea mediante el reparto entre sus simpatizantes de ayudas, subvenciones y cualesquiera otras gabelas, las alianzas espúreas con formaciones de las más contrapuestas, o el insulto y el vituperio del adversario, y que uno de sus principales propósitos sea la proliferación en las distintas administraciones de asesores o puestos remunerados de confianza, o fundaciones, instituciones y empresas públicas que, aunque deficitarios, les proporcionen jubilaciones doradas inaccesibles para el resto de los mortales.

Todo ello no ocurría en nuestra Constitución de 1812 para la que los partidos políticos no existían, no había siquiera listas, ni abiertas ni cerradas, los ciudadanos no podían excusarse de sus cargos electos "por motivo ni pretexto alguno", y los diputados sólo percibían de sus provincias sus correspondientes "dietas", además de no poder ser reelegidos "sino mediando otra diputación", ni admitir ni solicitar durante el tiempo de su diputación y un año después, para sí o para otro, "empleo, condecoración o pensión alguna". Esto demuestra la imperfección de nuestra actual democracia, el encastamiento, la impermeabilidad y el alejamiento progresivo de la sociedad en los que han caído nuestros políticos, con la consiguiente falta de legitimación que sólo la ciudadanía titular de la soberanía puede darles, y la incongruencia de todos los fastos, loas y ditirambos que actualmente se dedican a esta Constitución del 12, más parecidos a una propaganda turística o de promoción personal mediática que a una admiración y aplauso verdaderos que condujeran a su emulación.

Y si todo lo hasta aquí dicho es predicable de los órganos estatales y autonómicos, más aún ha de decirse de los locales, Diputaciones y Ayuntamientos, que, desprovistos en absoluto de soberanía, habrían de limitar sus funciones a las de gestión y administración de sus propios recursos, si no fuera porque sus respectivos partidos políticos, obsesionados con el Poder, quieran hacer incluso de ellos objetos de sus respectivas políticas. En todas las administraciones, y más aún en estas locales en las que la cercanía y la mediocridad son más patentes, la discordancia entre sociedad y políticos resulta con frecuencia no sólo llamativa sino además rechazable, y ha de reconocerse que ante esto los ciudadanos de cierta sensibilidad e inquietud sólo pueden, aún a costa del perjuicio que ello comporta para sus respectivas profesiones, constituirse en foros o asociaciones, que adoptando la forma de un nuevo partido político indeseado, propugnen en beneficio de la sociedad unas sanas gestión y administración desatendidas.

No cabe duda que ante estos intentos los partidos políticos ya existentes comienzan a hacer sus cábalas y números y que, como consecuencia de ello, habrá alguno que se sienta potencialmente perjudicado. El corolario será la aparición de plumas áulicas o cortesanas, como alguien gusta en llamarlas, que se propondrán como objetivo desprestigiarlos atribuyéndoles la persecución de intereses meramente particulares cuando no corrupciones solamente existentes en sus forzadas imaginaciones, pero ello sólo hace recordar el viejo refrán castellano de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.