LA segunda fase de la operación Heracles, desplegada el martes por la Guardia Civil en el marco de las investigaciones sobre el escándalo de los ERE, ha concluido con la detención de dos sindicalistas y la imputación de otros seis. Se trata de miembros destacados de las dos centrales sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, que tuvieron un papel relevante en la intermediación y gestión de expedientes de regulación de empleo durante la época en que actuó la trama de corrupción dedicada al saqueo de los fondos públicos. La indagación policial y judicial se encuentra en pleno desarrollo y, por tanto, es imposible establecer el grado de responsabilidad penal en que cada uno de estos imputados haya podido incurrir. No obstante, los distintos autos ya emitidos por la juez Mercedes Alaya autorizan a considerar que en la red de corrupción organizada en torno a los ERE y las subvenciones a empresas en crisis existe una "rama sindical" que, junto a los cargos políticos, consultores, aseguradores y abogados, en la que presuntamente participan algunos dirigentes sindicales, a título individual o en nombre de la central, aprovechó la falta de control de la Administración autonómica en su propio beneficio. Por otra parte, uno de los sindicatos afectados, UGT, es objeto de otro complejo procedimiento judicial en el que se pone en cuestión el uso presuntamente indebido de otros fondos de la Junta y de la UE, legalmente destinados a la formación de trabajadores o la negociación colectiva, pero que en la práctica habrían sido dedicados a gastos de funcionamiento ordinario de la central e incluso manipulados mediante la falsificación de facturas. Estos hechos e indicios han aumentado el nivel de descrédito de las organizaciones sindicales y auspiciado la consolidación de la tendencia en algunos sectores políticos a negarles su validez como interlocutores sociales y representantes legítimos de los trabajadores. Es un papel, este último, que aparece consagrado en la Constitución y que debe ser preservado independientemente de hechos circunstanciales que hacen perder crédito a CCOO y UGT. La mejor forma de combatir a quienes pretenden acabar con el papel de los sindicatos y acentuar el desequilibrio social es, precisamente, que la instrucción de estas supuestas irregularidades avance hasta su culminación y enjuiciamiento por los tribunales correspondientes, y que las propias organizaciones afectadas, en vez de ejercer la política del avestruz, depuren las responsabilidades de sus presuntos corruptos, separándolos de sus funciones y limpiando la imagen del colectivo que ha sido dañada gravemente. Sería la garantía de que el daño no fuera también irreversible.