LO que está deteriorando al Gobierno Rajoy -aunque no hasta el punto de condenarlo al fracaso definitivo como creen saber ya algunos de sus críticos- no es tanto que haya impuesto fuertes sacrificios a los ciudadanos, sino que éstos perciban que los sacrificios no están bien repartidos.

La amnistía fiscal concedida a los defraudadores, por ejemplo, envía el mensaje inequívoco de que, por un elogiable afán de aumentar los ingresos del Estado, no existe igualdad de trato entre los que han cumplido religiosamente sus deberes con Hacienda y los que han ocultado sus ingresos aquí o en el extranjero. A favor de los últimos, claro está, a los que se concede un perdón a bajo precio.

Y no es sólo eso. Siempre que se piensa en la desigualdad ante la crisis se piensa, sin remedio, en los bancos, que precisamente han sido agentes decisivos en el estallido de la crisis y que siguen recibiendo préstamos e incentivos para escapar del agujero en el que el común de los españoles está sumido. A lo más que llega el daño sufrido por el sector financiero es a cierta disminución de los beneficios que reparten a sus accionistas y a aceptar fusiones y absorciones ayudadas por la autoridad en las que los peores gestores son recolocados o mandados a un retiro de oro.

Ahora, el mismo día en que el Banco de España informó de que las entidades financieras habían subido notablemente las comisiones que cobran a sus clientes por proporcionarles tarjetas de crédito o de débito se hizo público el fallo -fallo de deficiencia, no de sentencia- del plan de pago de los ayuntamientos a sus proveedores puesto en marcha por el Gobierno de la nación. Fallo que beneficia, cómo no, a la banca.

Todo es legal, por supuesto. Cuando, dentro de un mes, los ayuntamientos empiecen a saldar las facturas pendientes a sus proveedores -gracias al crédito avalado por el Estado y tras aprobar severos planes de ajuste en sus gastos-, lo harán por vía bancaria, pero los bancos podrán detraer para sí todo o parte de los fondos que sean precisos para cobrarse los préstamos que ellos mismos dieron a esos proveedores, que seguirán como hasta ahora, asfixiados y forzados a reducir su actividad o cerrar. O sea, los bancos cobrarán prioritariamente sus deudas, ley en mano, pero el resultado final es que no se inyectará liquidez en el sistema productivo ni se relanzará a los contratistas de los ayuntamientos, que era la finalidad declarada del plan gubernamental.

De modo que los bancos, que ya tienen garantizado el cobro por su intermediación en el programa pro ayuntamientos, serán favorecidos también autoinvistiéndose del privilegio de acreedores prioritarios. ¿No debería el Gobierno impedir este abuso?