Empecemos por lo evidente y para despejar cualquier duda: la desaparición del delito de sedición del Código Penal que promueve el Gobierno de coalición español y su sustitución por el de 'desorden público agravado' viene malhadadamente condicionada en este momento por la presión de los independentistas catalanes, más concretamente por Esquerra Republicana, que amenaza con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado. Y que si no hubiera ocurrido toda la desgracia del 'procés' nadie consideraría urgente esta reforma jurídica. Igualmente, en una situación sin aquel 1 de Octubre del referéndum y lo que le siguió, nadie habría acusado de antiespañol ni de rompepatrias a quien tuviera esa iniciativa de cambio legal.

Continuemos por otras evidencias: la intención del Ejecutivo de Sánchez va en la dirección de asemejar la situación española a la de otros países de nuestro entorno, como Alemania o Francia, que no son estados que toleren fácilmente los separatismos. Es verdad que en otros lugares son incluso más duros con estos comportamientos, pero eso sólo demuestra que todas las opciones son válidas siempre que las respalde el consenso democrático.

Podemos seguir relatando situaciones evidentes: si se cambia ese delito se hará mediante una amplísima mayoría en un Parlamento elegido democráticamente, de lo que habría que colegir que la reforma tiene el apoyo de gran parte del pueblo español, sin que invalide esta verdad el hecho de que sea votado por catalanes y vascos, a menos que compremos el propio argumento de los separatistas y digamos que estos no son españoles.

Por lo tanto, caben legítimamente todas las oposiciones, e incluso las sospechas, a la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos, pero a mi juicio sobran las acusaciones excomulgatorias que utilizan términos apocalípticos y la atribución de intenciones dictatoriales al Ejecutivo, tanto como la lunática arenga sobre la "República federal" (algo no forzosamente malo) que quiere implantar el "comunista" Pedro Sánchez en su desaforado empeño por "llevar a la destrucción a nuestro país".

Por otra parte, las dificultades para enviar de vuelta al vergonzosamente huido Puigdemont y otros parecen provenir precisamente de la difícil homologación europea del delito del que se le acusa en España. Cuando nos jugamos tan seriamente la convivencia es mejor aplicar la ley, aparcar los aspavientos y buscar entre todos (incluidos los legítimamente separatistas) la solución a los problemas.