LOS ministros que conforman el Gobierno, de acuerdo con la legislación vigente, antes de tomar posesión, han de formalizar la asunción de sus puestos con la fórmula: “Juro (o prometo por mi conciencia y honor) cumplir fielmente las obligaciones del cargo de (…) con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de ministros”.

Éste es el procedimiento, otra cosa es la que estamos viendo y oyendo en nuestros días. Y diré el porqué. Es cierto que no estábamos acostumbrados a que España fuera gobernada por diferentes partidos en coalición, lo que es muy usual en otros países, y, tal como pintan las cartas, es posible que tardemos un tiempo considerable en que partido alguno vuelva a ganar por mayoría unas elecciones generales.

Pero, que el actual Ejecutivo esté conformado por el PSOE en coalición con otra coalición –permítaseme la iteración– como es IU/Podemos, y que esto sea novedoso para nosotros desde la llegada de la democracia después de la dictadura franquista, no implica a mi entender que las normas, y las promesas y/o juramentos, hayan de ser incumplidas: no obedecidas.

Y eso, literalmente eso, es lo que está ocurriendo entre el PSOE e IU/Podemos. Un desacato a la fórmula que cada cual juró o prometió. Y estoy hablando del presidente, de dos de las tres vicepresidentas y de algunos ministros del actual Gobierno.

Está claro que en un Gobierno de diferentes partidos han de existir diferencias de fondo e incluso de forma a la hora de afrontar cualquier materia, entre otras circunstancias porque los programas de cada grupo y sus objetivos son diferentes si no en todo, sí en parte. Hasta aquí, todo normal. El problema es cuando se incumplen una de las dos cosas siguientes: o con el pacto de Gobierno que les permitió acceder al mismo y que fue rubricado en su momento antes de elegir al presidente, o, cuando en el seno de las reuniones del Consejo de ministros, quien debe poner orden en el gallinero no lo hace, por lo que fuere, y después –o a veces incluso antes– de que la portavoz del Gobierno o la titular de algún ministerio diga lo que entienda sobre lo ocurrido en el Consejo en rueda de prensa, salga otro ministro o vicepresidenta, diciendo que no, que eso no es así, que el asunto no está claro todavía, que queda mucha tela por cortar de la materia u otras cuestiones similares. Y esto no es de recibo.