HACE poco más de un mes, el 27 de febrero de 1976, se cumplió el 32 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en un territorio que, a pesar de las apariencias, sigue bajo la responsabilidad de España, por más que España no la asuma como tal. Un año más se sigue manteniendo una situación, la del pueblo saharaui, alentada por la injusticia en que sin excepción se empecinan los gobiernos de España que han venido sucediéndose desde aquel postrer estertor franquista por el que se confinó a los saharauis en un área abiertamente inhóspita del desierto del Sahara, la Hamada argelina. Por lo demás, es sabido -aunque internacionalmente se mire hacia otro sitio- que la policía marroquí avasalla en las ciudades ocupadas del Sahara Occidental a los saharauis que exigen la retirada de las fuerzas represivas y que el Gobierno español cumpla con lo estipulado por el Derecho Internacional en materia de descolonización, algo que bien se reclama para otros Estados -verbigracia, el israelí. Bien lejos de aliviar tal situación, la comunidad internacional viene sometiendo a los refugiados en los campos de Tinduf a un auténtico cerco de hambre: los envíos con ayuda humanitaria disminuyen porque alguna "luminaria" ha decidido que son 96.000 los saharauis refugiados, en lugar de los casi 200.000 reales.

En semejante clima de abusos, leemos que un centenar de saharauis guardan ordenada cola -no pierdan este esclarecedor detalle- ante la Oficina de Extranjería de Cádiz para pedir la nacionalidad española, apelando a la existencia real de antepasados, en algunos casos muy cercanos -padres, abuelos- que eran españoles antes de que España abandonara al Sahara a su suerte. La Subdelegación de Gobierno califica de "absurda ficción" la pretensión de estos saharauis y se queda tan campante, mientras en este país no se duda en meter a espuertas a todo el que lo solicite, venga de donde venga. La ley para la obtención de la nacionalidad española es muy clara al respecto: todos los extranjeros nacidos fuera de España pero de padre, madre, abuelo o abuela españoles de origen, pueden solicitar la nacionalidad con un año de residencia legal. Qué estrictas son las leyes para algunos, qué laxas para otros. Y qué poca la vergüenza histórica, ahora que la memoria ídem está tan de moda.