La Justicia resolverá finalmente si Ignacio Romaní cometió delito alguno al frente de Aguas de Cádiz o si ha sido objeto de una injusta campaña contra su imagen y su honor. El servicio jurídico de la empresa municipal contempla hasta cuatro delitos, y el equipo del alcalde, José María González, ha anunciado una inminente querella en su contra. Mientras lo sopesa, la determinación del PSOE, al llevar el caso ante Fiscalía, demuestra su coherencia y que tiene fe ciega en las denuncias sobre su gestión. Al concejal popular, como él mismo exigió, también se le brinda la justa posibilidad de defenderse de lo que considera una maniobra de acoso y derribo sin sustancia alguna. Si la Fiscalía estima la causa, Romaní tendrá la oportunidad de defenderse para explicar el destino de los 42.000 euros que Aguas de Cádiz abonó al director de su tesis, Carlos Guillén, por un polémico trabajo. Al fin se podrá aclarar si fue respaldado por el grupo de investigación de Ciencias del Trabajo, como expuso Guillén, aunque la UCA lo rechace de plano. Será la ocasión, en suma, de llegar al fondo del asunto. Y de paso, Romaní podrá tratar de convencer a los gaditanos de que no se aprovechó del cargo para obtener su tesis dirigida por el propio Guillén. A priori, se le puede reprobar éticamente porque bajo su mandato se consintió una chapuza en toda regla. Pero no es lo mismo señalarle por su poco tino y la ligereza al ejecutar sus decisiones, que acusarle de varios delitos que sólo la Justicia puede valorar con garantías.

La clase dirigente acostumbra a acusar al adversario de actuaciones ilegales que por lo general no se examinan. A la mayoría se les llena la boca hablando de prevaricación y malversación, negocietes ilegales, cohecho y, como mal menor, ante la falta de decencia del rival. Estas denuncias forman parte del paisaje de los plenos, circulan entre rumores por los pasillos del Ayuntamiento hasta llegar a la prensa y de seguido se acomodan en las barras de los bares. Su impacto cuando llegan al personal es tremendo. Pero la mayoría acaba por aburrir y esto es lo grave.

Cada denuncia que se queda suspendida en el aire en lugar de dirimirse ante la Justicia hace un flaco a la política. El cuchicheo es mucho más dañino que un juicio oral donde todas las partes se dan fuerte y flojo, porque, tras oír a todas las partes, los jueces dictaminan a favor o en contra de los acusados. Pero el rumor infundado, ese runrún que se dedica a enturbiar el ambiente, termina por no interesar a nadie o algo peor: lleva al personal a pensar que no se elevan a los tribunales porque todos los políticos son iguales y entre ellos se cubren las espaldas. El alcalde no puede decir que Romaní "presuntamente se financió su tesis con 42.000 euros" de todos los gaditanos y quedarse tan pancho. Si lo que piensa y dice es cierto, es gravísimo, y si no lo fuese, también lo es. Lo que no puede hacer bajo ningún concepto, aunque sea lo habitual, por desgracia, es dar la espalda a sus propias denuncias sin llegar hasta el final. Así sólo ayuda a alimentar los rumores y alejar a los ciudadanos de sus representantes. Los gaditanos pueden pasar por alto un desliz, la falta de tacto, un error en la gestión... Pero en lo primero que necesitan creer es en la honestidad de sus dirigentes.