EN la crisis institucional que tiene bloqueada la vida política española desde hace casi tres meses el Rey ha cumplido escrupulosamente con sus obligaciones constitucionales y con su deber de neutralidad. Lo hizo el pasado 2 de febrero al encargar al candidato socialista, Pedro Sánchez, que intentara formar Gobierno tras haber rechazado la propuesta Mariano Rajoy, representante del partido más votado en las elecciones, al constatar que no contaba ni de lejos con un número suficiente de diputados. Lo ha vuelto a hacer ahora al comunicarle al presidente del Congreso que no convocará una tercera ronda de partidos hasta que las formaciones políticas avancen en sus negociaciones. Entre el encargo a Sánchez y el anuncio de ayer se ha producido una circunstancia que justifica el comportamiento del Jefe del Estado: tanto el PP como el PSOE, en una actuación que habla de hasta qué punto está crispada la vida pública española, se han acusado mutuamente de utilizar y engañar al Rey para favorecer sus propios intereses. Felipe VI hace bien en apartarse de cualquier actuación que pueda dar lugar a una controversia partidista. La experiencia del último mes aconseja que deje pasar un tiempo razonable para que los líderes acudan a la ronda de consultas que eventualmente pueda convocarse con los deberes hechos. Si no se produce un acercamiento que propicie una mayoría capaz de formar Gobierno, esa convocatoria no tendría ni por qué producirse. Sería absurdo implicar al Jefe del Estado en el que sería un fracaso de los partidos, a los que correspondería en exclusiva la responsabilidad de haber tenido que ir a una repetición de las elecciones. Quedan dos meses para que se cumpla el plazo constitucional que determinaría la nueva llamada a las urnas. Estamos en una situación inédita en la historia de la democracia española. Nunca se habían necesitado tantos apoyos diferentes para formar un Gobierno y nunca habíamos asistido a una investidura fallida. El Rey acierta dando un tiempo a los diferentes líderes para que se trabajen en serio un acuerdo que permita desbloquear la situación. El artículo 99 de la Constitución establece que le corresponde designar un candidato a presidente del Gobierno tras realizar una ronda de conversaciones con los partidos que hayan obtenido representación en el Parlamento. Sin embargo, no señala ni plazos ni metodología para llevar a cabo ese mandato. No parece que sea aconsejable implicar a la figura del Rey en las negociaciones que deben emprender los líderes parlamentarios. Sería un error que sólo contribuiría a comprometer el escrupuloso papel constitucional que hasta ahora ha jugado Felipe VI.