Patética salida la de la secretaria general del PP andaluz, Loles López, en el escándalo explicado aquí por Juanma Marqués: es Canal Sur la que debe responder por la anómala situación de Luis García Navarro, que es secretario adjunto del consejo de administración de la RTVA y, a la vez, abogado del partido en el juicio de los ERE.

¿¡Cómo Canal Sur, señora López!? Este abogado forma parte del consejo de Canal Sur -y cobra de la empresa pública como secretario adjunto con un contrato que le exige dedicación exclusiva- por imposición del PP, que se repartió los sillones con el PSOE, más una concesión a IU, en 2008, y ahí siguen los beneficiados, sin matarse a trabajar precisamente e inasequibles a los cambios políticos acaecidos desde entonces. Por ejemplo, ni Podemos ni Ciudadanos están representados en el consejo, y eso que cuentan con más diputados que IU. O sea, que el consejo no refleja ni siquiera la actual correlación de fuerzas en el Parlamento. Pero sigue porque a PSOE y PP les viene bien.

García Navarro ha sido expedientado por Canal Sur por si fueran incompatibles el ejercicio de su puesto con dedicación exclusiva -65.000 euros brutos al año- y la actividad privada como letrado del PP en los ERE. Pero su caso es apenas la punta del iceberg de un veterano problema de la política andaluza: la utilización clientelar de las instituciones como oficinas de colocación de los partidos que las gestionan o están representados en ellas. Quizás sean las diputaciones provinciales las más acrisoladas ejercientes de estas prácticas que, en el fondo, constituyen un amplio despliegue de malversación política.

Unos más y otros menos, a tenor de sus cuotas de poder y experiencia, los partidos políticos aprovechan su paso temporal por las instituciones y empresas públicas, fundaciones y consorcios, para beneficiar a los suyos. Lo mismo el alcalde derrotado en las urnas que el aparatista sin oficio conocido cuyo sueldo se busca ahorrar al partido, el líder caído en desgracia al que no se le quiere dejar a la intemperie que el diputado veterano al que se jubila de su escaño y se coloca para mejorar su futura pensión, todos tienen un sitio en el abrevadero neocaciquil. A veces incluso hay suerte y el afortunado asesor, secretario, jefe de área o de gabinete está cualificado para el trabajo que le regalan. Otras veces -muchas-, no.

En fin, como el dinero público no es de nadie... ¿quién va a protestar? Que no decaiga la fiesta.