TENDRÍA que comenzar con una declaración de principios: yo respeto el sistema democrático y occidental. No debería ser necesario hacerlo en el punto en que estamos ya de la historia de nuestra democracia. Pero se quiere manipular a la opinión pública con la patraña, ideológicamente sesgada, de que se han infiltrado en el sistema institucional unos conspiradores que quieren acabar con la Constitución y nuestro sistema de libertades.

Lo primero que habría que recordar es que probablemente no ha habido mayor "revolución", constitucionalmente hablando, que la aprobada no hace mucho por estos mismos predicadores de la libertad, quienes introdujeron, inspirados quizás por el Espíritu Santo, el supremo principio de la estabilidad presupuestaria. Gracias a esta "democrática" decisión se está finiquitando hoy gran parte de los derechos de esa norma fundamental; la misma que hoy dicen defender como una especie de cruzados constitucionales. Obviamente en esa operación contaron con un Partido Socialista que hoy se lamenta y cuenta sus bajas electorales en números millonarios; la sanción inevitable por haber sido el impulsor de lo que fue mucho más que simple reforma constitucional.

Por otro lado, y para el futuro institucional que espera a este país, hay que insistir en algunas ideas tan simples como esenciales. Una es que no se puede confundir, ni tampoco intentar confundir, a la ciudadanía, con el argumento de que la única de forma de ser leal con la Constitución es adherirnos ideológicamente y sin paliativos a todos sus preceptos. De haber sido así, el constituyente español hubiera establecido límites materiales a la reforma de la Carta Magna, tal y como existen en otros países de nuestro entorno. Pero no fue así, y justamente aquella lección de tolerancia política de quienes elaboraron la Constitución de 1978 es la que debería tener presente una parte de nuestra clase política (a la derecha y en parte también a la izquierda).

Así pues, si todo se puede cambiar, no es de recibo estigmatizar a quienes deseen modificar las reglas de juego que sostiene el edificio del Estado constitucional; obviamente si se hace con los procedimientos democráticos en el Parlamento y la participación popular si es preciso. Por otro lado, quizás sea conveniente replantearse una revisión en profundidad del modelo institucional para conseguir muchos objetivos aparcados siempre por las coyunturas partidistas; desde poner al día una Declaración constitucional de derechos ya algo obsoleta a la transformación de algunas de nuestras instituciones que han demostrado un coeficiente elevado de ineficiencia o disfuncionalidad. De hecho, en la universidad llevamos mucho tiempo debatiendo sobre esto y no por ello se nos ha calificado de sóviet antisistema.

En realidad, la metamorfosis constitucional más trascendental desde la transición ya tuvo lugar. La protagonizaron los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno con el famoso artículo 135 de la Constitución; por desgracia, y para desgracia de muchos jóvenes, parados, enfermos, estudiantes y más grupos vulnerables socialmente que hoy sufren sus consecuencias. Esa involución enorme en materia de libertades y derechos está además encontrando eco lamentablemente en un Tribunal Constitucional que al parecer no acaba de creerse lo que establece en esta materia la propia Constitución; véanse en este sentido las últimas sentencias que ha dictado avalando una reforma laboral del Gobierno o rechazando el decreto antidesahucios de la Junta; ejemplos de una jurisprudencia del máximo interprete de la Constitución con la que se está avalando la estrategia de acoso y derribo del Estado de bienestar, reconocible perfectamente en su articulado.

La cuestión es que el paisaje institucional después de las últimas batallas electorales autonómicas y municipales, y dentro poco generales, sitúa a toda la clase política sin excepción ante un desafío de "occidentalidad". Va a imponerse sin duda una nueva cultura política donde el consenso y la negociación determinarán el modo de funcionamiento de las instituciones representativas de la soberanía popular. Por el momento ya comienza en la esfera municipal y autonómica, y pronto se extenderá a la estatal. Sus consecuencias no se pueden medir a priori desde el punto de vista jurídico, pero con bastante probabilidad va a resultar verdaderamente "revolucionario" políticamente respecto del pasado.

En esta nueva etapa de la democracia española resultará imprescindible en efecto afirmar el valor y los principios constitucionales, pero para construir un Estado responsable ante las necesidades sociales. Justamente esa forma de Estado que está impreso y diseñado en la actual Constitución, y no el que promueven aquellos que favorecen como prioridad máxima a los intereses privados, o el que ponen en práctica aquellos otros que, tras ponerse inmerecidas medallas de socialidad, no han dejado también de aplicar recortes sustanciales en sanidad, educación o investigación científica. El Estado constitucional que se nos avecina tras el 24-M cuenta con los resortes necesarios para acabar con el sectarismo ideológico y la complacencia con la corrupción, dando un giro -obviamente a la izquierda- a las leyes que aseguran la protección social de los españoles. Si a todo esto se le llama sedición constitucional, cuenten conmigo.