LOS jueces andan inquietos. Sus señorías van a repetir una jornada de huelga el próximo jueves. El argumento de la protesta es la falta de medios con los que cuenta la Justicia en España. Un parecer nada discutible; es cierto que faltan medios y que quizá el plan del ministro Caamaño de invertir 600 millones de euros en tres años y crear 600 nuevas plazas judiciales no sea suficiente. Por lo visto la crisis no ha dado para más. A nuestros jueces no les parece satisfactoria la propuesta y han decidido olvidarse de su condición de poder del Estado, ponerse el uniforme de simples funcionarios y declararse en huelga.

En Málaga los jueces tienen una vendetta suplementaria. Es una rencilla entablada con el resto de los funcionarios comunes, por el uso exclusivo de las 166 plazas del aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia, vigilado por la Guardia Civil. Sitio para aparcar hay de sobra fuera del edificio, en un recinto acotado al aire libre, controlado por vigilantes jurados; eso sí, a pleno sol. Por seguridad, dicen ellos; para dejar clara su superior categoría, dicen los funcionarios, no aceptan el régimen de uso del aparcamiento instaurado por la Consejería, que consiste en que el primero que llega coge la plaza. Los jueces han apercibido al capitán de la Guardia Civil al mando de esa unidad, para que les asigne en exclusiva el uso del parking: en caso contrario puede incurrir en un delito de desobediencia. Vean cómo se asciende súbitamente de la condición de funcionarios a la de autoridad competente.

Hay ejemplos peores. Una juez compró un perfume en una droguería de Úbeda y lo quiso devolver a los ocho días porque no le gustaba su olor. Le faltaban dos o tres dedos, pero ante su enfado y amenazas, el dueño de la tienda le devolvió el dinero de mala gana. Ésa fue su perdición: la juez mandó al día siguiente a la policía para investigar si tenían material falsificado y precintó los dos establecimientos del propietario. El Consejo General del Poder Judicial ha sancionado el abuso de esta simple ciudadana, travestida de autoridad, simplemente con un año de suspensión.

Estos privilegios de aldea, que tan poco se parecen a los del clásico, deberían tener sanciones y descréditos mucho más fuertes.