NO es del todo cierto que la huelga de veintidós días que han anunciado los sindicatos de la empresa Aeropuertos Españoles (Aena) pueda dañar el interés nacional. La verdad es que lo ha dañado ya. Los convocantes han buscado expresamente las fechas en que más perjuicios cabe esperar: Semana Santa, puentes festivos y días cruciales de las vacaciones de verano. Veintidós jornadas enteras, y espaciadas, para hacer la puñeta.

No a la empresa, sino a millones de usuarios de los servicios que presta, consistentes en que funcione adecuadamente el transporte aéreo en el país. Usuarios a los que se toma una vez más como rehenes de reivindicaciones respetables pero corporativas y ajenas a los secuestrables, que sólo quieren viajar tras haber pagado. ¿Por qué digo que el daño ya se ha producido? Por una razón elemental. Porque los vuelos cada vez se programan con más antelación. Los individuales y los organizados por agencias u operadores turísticos. Muchos de los que pensaban coger un avión a España o desde España ahora estarán anulando o aplazando la decisión. Siempre ocurre así en estos casos. Nada disuade más al turista que la conflictividad en el destino o en el viaje hacia el destino.

De modo que ahora que el sector turístico, del que viven tantos españoles, ha empezado a reactivarse, con crecimientos de visitantes en enero y febrero, la mera noticia de que puede haber huelga el Jueves Santo ya causa estragos, tanto a los empresarios que comenzaban a vislumbrar el ansiado cambio de tendencia como a los trabajadores que iban a ser contratados ante las expectativas de una mayor afluencia. Eso, por no hablar del perjuicio a la imagen de España, que nos afecta a todos.

Aunque la huelga se atiene a la legislación laboral, con preaviso, posibilidades de negociación y servicios mínimos -por tanto, sus efectos nunca serían tan devastadores como la de los controladores aéreos-, une a su nocividad manifiesta una anómala condición de preventiva. Va contra un decreto avalado por el Parlamento que privatiza parcialmente Aena y atribuye al sector privado la gestión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Los trabajadores rechazan la privatización porque temen que sus condiciones de trabajo empeorarán cuando dejen de ser empleados públicos. Una huelga por si acaso. La dirección de Aena niega la eventualidad, pero ellos no se fían. El caso es que la falta de correspondencia entre el perjuicio que el cambio de propiedad puede generar tal vez a los empleados y el perjuicio seguro que la huelga infligirá a los usuarios resulta abismal. No hay color.

Algún día un Gobierno se atreverá a impulsar una ley de huelga en los servicios públicos. Aunque sea para cumplir la Constitución.