NO contento con su pacto con el PSOE para repartirse la gran mayoría de miembros del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del PP se dispone a ejercer el control político de los peritajes encargados a la Agencia Tributaria. Lo primero garantiza el nombramiento de los jueces más "convenientes" en los casos de corrupción en los que estén implicados cargos públicos que gocen del aforamiento (diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, presidentes y consejeros). Con lo segundo se trata de conseguir que los expertos de la Agencia Tributaria que deben informar en las causas del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional sobre delitos fiscales o blanqueo de capitales sean seleccionados también con criterios políticos.

¿Cómo lo harán? Fácil. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, un cargo de designación gubernamental con rango de subsecretario, lo ha escrito en la instrucción que ha enviado a los delegados y directivos de la Agencia Tributaria, dependiente de Hacienda: todas las solicitudes de peritaje formuladas por los tribunales mencionados habrán de remitírselas a él, que será quien nombre a los peritos que le parezcan más adecuados.

De este modo, cerrando el círculo de favorecimiento de los políticos incursos en causas por corrupción, se aseguran magistrados propensos a enjuiciar benignamente a los cargos públicos presuntamente corruptos y se garantiza que los informes periciales encargados para esclarecer sus actividades presuntamente delictivas pasen igualmente por el filtro del poder político.

No me extraña que el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda haya puesto el grito en el cielo, denunciando la pérdida de independencia que la orden implica para la Agencia Tributaria, ya sometida a otras presiones y cautelas siempre contrarias al interés público. Lo mismo han hecho los portavoces de tres grupos de la oposición (PSOE, IU y UPyD), para quienes se está orquestando una operación tendente a la impunidad de los encausados próximos al Gobierno o directamente vinculados al partido gobernante.

De modo que la Justicia como poder independiente que en ocasiones se erige como único dique contra los excesos de la política -legislativo y ejecutivo van de la mano- está siendo cuarteada, intervenida y mediatizada. Ya ni a los peritos les dejan actuar con autonomía.