LOS sindicalistas de toda España que ayer coreaban en Madrid un estruendoso "¡Zapatero, dimisión!" mientras Cándido Méndez revelaba su íntimo malestar con este grito esbozando unas patéticas palmitas de acompañamiento tuvieron la virtud de subrayar lo obvio: que la huelga general se hace contra los ajustes y reformas del Gobierno. Obviedad que el secretario general de UGT se resiste a asumir cuando autoriza los zafios vídeos pro huelga en los que el enemigo a combatir no es Zapatero, sino unos empresarios caracterizados como payasos chupasangres y rijosos.

No es la única desviación del tiro por parte de los sindicatos. Aquí, en Andalucía, CCOO y UGT acaban de protagonizar una escaramuza más bien impresentable al pretender que el Parlamento aplazara el Pleno previsto para el 29 de septiembre, el día de la huelga general que ya veremos si es general, para facilitar que los trabajadores de la Cámara puedan ejercer su derecho de huelga. No es impresentable que lo hayan solicitado, sino su reacción ante la negativa de los portavoces de PSOE y PP -juntos reúnen a 103 de los 109 diputados que representan a los andaluces- a obedecerles.

Han dicho los líderes máximos de las dos centrales que este rechazo a cambiar de fecha la sesión plenaria "deslegitima la política", y Diego Valderas, coordinador de Izquierda Unida, que socialistas y populares, esos esquiroles, se han unido para constituir el primer piquete antihuelga (bueno, al menos serán un piquete pacífico, habría que matizar). Vamos a echar la pelota al suelo: el derecho a la huelga de los empleados del Parlamento andaluz no está en entredicho. Los que quieran secundar la huelga el 29-S lo harán, con el correspondiente descuento en sus retribuciones y sin que ni la presidenta Coves, ni los portavoces de PSOE y PP ni el sursuncorda puedan impedírselo, aunque quisieran.

Si bien se mira la pretensión de los sindicatos roza el absurdo, puesto que supone exigirle al empresario que secunde la huelga, paralizando su actividad o reduciendo la producción. En efecto, intentaban que los directivos de la empresa llamada Parlamento de Andalucía -presidencia y junta de portavoces- disminuyeran ese día el trabajo programado con antelación para que sus empleados pudieran rendir menos, o sea, ir a la huelga en la práctica, sin necesidad de asumir la responsabilidad de parar y, con ella, el pertinente mordisco a sus bolsillos. En fin, un trato privilegiado a los huelguistas públicos con respecto a los de cualquier empresa privada, algo muy enraizado en el sindicalismo dominante.

Sólo en algo tienen razón los sindicatos, en reclamar que los servicios mínimos que fije la Junta de Andalucía no sean abusivos por el mero hecho de que la huelga general sea contra el Gobierno amigo.