Un Pacto de Estado para la reconstrucción económica y social de España tras la devastación del coronavirus es tan imprescindible como inviable. Cada día más invocado, cada día más traicionado por quienes tendrían que impulsarlo, negociarlo y firmarlo. Por casi todos ellos.

El Pacto no es posible porque la calidad política e incluso humana de los líderes de ahora es, en general, inferior a la de los que suscribieron los famosos Pactos de la Moncloa que salvaron la democracia en sus balbucientes inicios o los que gestaron el Pacto Antiterrorista para extirpar el cáncer que amenazaba su existencia. Aquéllos no eran menos ambiciosos que los actuales, pero sí más responsables, menos sectarios, más adversarios que enemigos.

No es posible porque ninguno de los partidos parlamentarios se lo toma en serio (si acaso Ciudadanos, centrado en enmendar a la totalidad al último Albert Rivera). Si Pedro Sánchez creyera de verdad en la necesidad del diálogo y de una salida concertada y transversal a la crisis no habría tardado dos semanas en contactar con Pablo Casado (por teléfono, diez minutos), ni habría azuzado a Adriana Lastra contra el PP, ni habría convocado la primera reunión del Pacto sin haber sondeado a los demás grupos y sin enviarles siquiera un papelito de mínimos con los asuntos a negociar, y habría renunciado antes a montar ruedas de prensa filtradas -censuradas- y a obstaculizar el control parlamentario a su gestión. Su socio, Podemos, rechazó expresamente en el Congreso cualquier pacto que no sea para defender al sector público y el intervencionismo del Estado. Su aliado, ERC, lo anatemizó directamente, llevándose por delante, de paso, al Borbón. El principal partido de la oposición, el PP, subordina el pacto a la disolución de la actual coalición gubernamental: solamente apoyará un programa de reconstrucción si Pedro Sánchez se deshace de Pablo Iglesias, que es lo último que se le pasa por la cabeza a Pedro Sánchez. Vox, que es el tercer partido nacional, con 52 diputados, no quiere pactar nada, sino que se vayan ya los dos citados gobernantes, ilegítimos y culpables.

No es posible, pues, porque el poder concibe el pacto como un acto de sumisión y obediencia de los otros, y la oposición como el instrumento para que el poder cambie de manos. Y sindicatos y empresarios se posicionan de uno y otro lado, como siempre. Nadie está por ceder. El Pacto de Estado es necesario. No posible.

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