Por un instante, Cristina Cifuentes le ha robado el discurso a Esquerra Republicana de Cataluña. Es chocante esta coincidencia del nacionalismo castizo español con el nacionalismo independentista catalán: tributan los territorios. Y los ricos o se quejan o quieren limitar lo que llaman solidaridad con los que tienen menos. Es la filosofía de la desigualdad, que está de moda: cambien, también por un instante, a Cifuentes por Trump y a los andaluces por mexicanos y tendrán la foto. Sería número 1 en USA.

La presidenta ha dicho en su asamblea regional que los madrileños pagan tres mil millones de euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás. La ha criticado hasta el mismísimo PP andaluz, pero en vez de pedir disculpas por el desliz, la ha emprendido contra la presidenta andaluza. Susana Díaz ha dado dos datos ciertos: lo que recibe Andalucía por habitante para sanidad está por debajo de la media nacional, y muchas empresas que operan en todo el territorio nacional, donde generan gran parte de sus beneficios, liquidan sus impuestos en Madrid.

Parecía, por comparación con Esperanza Aguirre, que estábamos ante una política moderna y moderada. Pero no. Ambas proceden de la misma escuela ideológica. Un ultraliberalismo que basa sus principios en la desigualdad. Es el signo de los tiempos. Y un riesgo: Montesquieu ya advertía que las democracias debían guardarse del exceso de desigualdad.

Esta queja de Cifuentes, que la empareja por un instante a Puigdemont y Junqueras, tiene un sustrato de fondo: la ayuda no puede ser infinita. Y eso funciona entre sus parroquias. Pero es que no es solidaridad. Las transferencias entre regiones ricas y pobres son compensaciones por un mercado único sin aranceles. Así funciona en la Unión Europea. Las regiones industriales tienen una ventaja estratégica: son grandes fabricantes con buenos consumidores en las menos desarrolladas. Las personas físicas y jurídicas de las comunidades más prósperas tienen mayores ingresos y beneficios, y con parte de sus impuestos se indemniza el desarme arancelario y se igualan servicios.

Es casi imposible romper esa posición dominante a medio plazo. Cifuentes podría echar cuentas sobre dónde generan beneficios las empresas con sede en Madrid. Los que se quejan o quieren limitar las transferencias de fondos, ni se plantean un tope a los déficit comerciales. Si hace el estudio, seguro que la presidenta madrileña dejará de decir frivolidades para la galería en su asamblea regional. Ni siquiera por un instante.

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