LA reforma de la ley sobre interrupción del embarazo desvelada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, supone básicamente la eliminación del sistema de plazos implantado por el Gobierno Zapatero y la vuelta al sistema de supuestos que impulsó el Gobierno González en 1985. Revela la distinta concepción ideológica del PP y del PSOE. La legislación sobre el aborto que promulgó Zapatero en 2010 lo concebía como un derecho de la mujer a decidir acerca de su maternidad sin interferencias de terceros. Implicaba que la embarazada podía abortar libremente dentro de las primeras catorce semanas de gestación, plazo que se alargaba hasta las 22 semanas en caso de riesgo para su salud o anomalías del feto y que se prolongaba sin límite temporal cuando un comité clínico certificaba una enfermedad incurable del feto. Además, se permitía el aborto de las adolescentes de 16 y 17 años sin autorización paterna si concurrían circunstancias de conflicto familiar grave, violencia o malos tratos, uno de los aspectos más polémicos de la norma aún vigente. El proyecto auspiciado por el ministro Gallardón recupera la versión de 1985, que despenalizaba el aborto realizado en tres supuestos concretos: violación, malformación del feto o riesgo para la salud física o psíquica de la madre. No está claro si este tercer supuesto se verá matizado para evitar que se convierta en un coladero como ha ocurrido en años anteriores a la reforma de 2010. En todo caso, el cambio es sustancial: mientras que la ley de Zapatero pone el énfasis en el derecho de la mujer, la ley Gallardón parte de la defensa prioritaria de los derechos del no nacido. El aborto se considera una anormalidad, que solamente puede despenalizarse en los tres supuestos mencionados. La nueva legislación responde a la demanda de un amplio sector social, defensor de la existencia de vida humana desde el momento de la concepción y, por tanto, partidario de restringir al máximo las prácticas abortivas, sólo exentas de reproche penal en circunstancias especiales y extraordinarias. Rajoy ya lo había anunciado.