MIENTRAS la atención estaba centrada en la declaración ante la juez Mercedes Alaya de la ex ministra y ex consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desplegaba la segunda fase de la operación Heracles, iniciada en marzo pasado, destinada a esclarecer la trama de corrupción política conocida como el caso de los ERE fraudulentos (expedientes de regulación de empleo subvencionados con fondos públicos) que protagoniza la política andaluza desde hace tres años. Secundando las instrucciones de Alaya, la Guardia Civil procedió desde primera hora de la mañana de ayer a una vistosa serie de detenciones y registros en cinco provincias andaluzas, Barcelona y Segovia. Entre los detenidos se encuentran el director del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla y ex gerente de la entidad inicialmente pagadora de los ERE -destituido de modo fulminante del primero de estos cargos-, el secretario de UGT de la provincia de Cádiz, Salvador Mera, un ex dirigente de CCOO y el vicepresidente de la patronal malagueña de la hostelería. El punto de mira de esta nueva operación de detenciones y registros se centra en las presuntas comisiones de las centrales y dirigentes sindicales que intermediaron en la negociación de diversos expedientes de regulación de empleo y en la concesión de ayudas irregulares a empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, una de las zonas privilegiadas por numerosas subvenciones directas mientras fue consejero de Empleo el actual senador José Antonio Viera, secretario general del PSOE sevillano durante muchos años. Con esta redada, que no representa en principio ninguna variación cualitativa en la instrucción de la causa, se sigue consolidando la hipótesis de que el escándalo de los ERE pudo desarrollarse por la existencia de una trama corrupta incrustada en la Administración autonómica, en la que participaron cargos públicos, empresas aseguradoras, despachos de abogados y líderes de los sindicatos mayoritarios, que se enriquecieron personalmente y beneficiaron a personas de su entorno político o familiar. También se certifica la complejidad de una labor instructora que, pese a las críticas suscitadas, en ocasiones razonadamente, continúa avanzando hasta el esclarecimiento total de los hechos presuntamente delictivos. Es lo que importa a los ciudadanos, y también a la política andaluza, gravemente afectada por este caso y sus consecuencias, y necesitada de centrarse en otros frentes y dejar que la Justicia realice su trabajo hasta las últimas consecuencias. La operación de ayer debe ser un paso decisivo en esta dirección.