El nombramiento en Cádiz de la funcionaria Pilar Tubío, en la actualidad procesada por presunta prevaricación en el caso Matadero, como nueva responsable del área de Servicios Sociales ha llevado al PP a exigir al alcalde, José María González, que frene esta decisión por "vergüenza política". En todos los casos, la presunción de inocencia ha de ser sagrada, pero no es menos cierto que el equipo de gobierno siempre ha presumido de su código ético para criticar a los adversarios cuando tratan de apoyar a los compañeros que se ven inversos en causas judiciales. A la hora de la verdad, nadie sabe dar ejemplo.