El impacto de la segunda ola de la pandemia nos está pegando tal revolcón, que cuando queramos darnos cuenta, nos habremos contagiado o estaremos a punto. Ya lo dijo Angela Merkel, el 70% del personal dará positivo tarde o temprano. Las cifras de contagios en Andalucía ya dan miedo y aún podrían ser peores si se realizaran más pruebas. La cantidad de gente que se escaquea de los cribados masivos de la Junta es directamente proporcional a la que no se vacuna de la gripe por pánico nuclear. Y conste que nuestra capacidad diagnóstica también es inferior a la de las autonomías que practican más PCR. Por todo ello, nuestros datos no son tan terribles como los de otras regiones ya confinadas. ¿Y por qué nuestra estrategia para diagnosticar los casos ha sido más lenta y, por lo tanto, más cara a la larga? Responder a esta cuestión, aparentemente tan sencilla, es como intentar explicar por qué la Cruzcampo te ofrece cualquier cerveza de las suyas en el botellín de un tercio (la de trigo, Radler, gran reserva...) menos la mejor de todas, que es la de toda la vida.

Aún esperamos aquí en Cádiz, con los brazos abiertos, que las pruebas de antígenos prometidas hace varias semanas, que arrojan los resultados en 15 minutos, lleguen al fin hasta todos los rincones de la provincia. Por lo visto, nos falta afinar los protocolos para poder usarlos de una vez mientras otras autonomías presumen de ser la referencia en diagnósticos precoces desde hace algún tiempo. Habrá que confiar en que, como mal menor, se podrán usar estos test antes de que entremos en la tercera ola. Si al menos se aplicaran las sanciones previstas para que la sociedad se tome en serio el virus, algo avanzaríamos, pero ni eso. Y no porque la Policía no haga su trabajo: ha puesto tantas multas en la provincia que el sistema está colapsado. Lo triste es que a muchas personas las normas no les entran en la cabeza hasta que no se les castiga por derecho. Como ocurrió en su día con el casco al circular en moto, no basta con las recomendaciones y los consejos de la abuela. Hasta que no llegue la sanción, muchos ignorarán las restricciones por el Covid entre fiestas y grandes reuniones clandestinas, sin mascarilla, por supuesto.

El Estado se encargó de tramitar las multas en la primera ola cada vez que alguien se saltaba el confinamiento. Miles de gaditanos fueron sancionados, pero poco sabemos sobre cuánto tuvieron que pagar los más imprudentes. Una campaña como las de tráfico no estaría de más. En la segunda ola es la Junta la que ha de notificar las más de diez mil sanciones impuestas por los agentes, sólo desde el pasado agosto, por no llevar mascarilla o no respetar el aforo. Hasta hoy, ni una sola de ellas ha sido notificada para poder cobrarla. ¿Falta personal, miedo al rechazo, pérdida repentina del afán recaudatorio? Otro gran misterio. Ni Junta ni Gobierno pueden relajarse en este terreno: sería de una gran irresponsabilidad. Los Ayuntamientos se quejan porque son sus policías los que dan la cara para imponer la mayoría de las multas que otras administraciones cobrarán. Si el Gobierno y Junta tienen problemas, ¿por qué no les ceden su recaudación? Fijo que no tendrían tantos reparos.