CUANDO en la era Zapatero el Gobierno planteó un cambio en la ley del aborto, se dijo que era una distracción para que no habláramos del paro. Ahora cabe decir lo mismo. Se anuncia con gran énfasis que se van a revisar los principios de la reforma Aído y uno piensa que en materia de crisis estamos peor que nunca y empeorando. Camino de los seis millones de parados, se informa también sobre el cambio de la Educación para la Ciudadanía por Educación Cívica y Constitución. Parece lo mismo. Sin embargo, es bien posible que el cambio semántico y la sospecha fundada de que se van a eliminar alusiones morales que incomodaban a la jerarquía católica nos den para un saludable debate nacional.

El país está en la ruina, según una ministra andaluza. Imaginen una terapia de grupo para decidir si la educación debe ser para la ciudadanía o cívica. La intensidad de la discusión nos alejaría de la ansiedad que producen el déficit, la deuda y el colapso del crédito. Pero, terapias aparte, enseñar en la escuela los derechos humanos, los valores democráticos y las reglas de convivencia es una obligación de las autoridades, se llame como se llame la asignatura.

Sería también provechoso que además de fomentar las terapias psicológicas el Gobierno de turno, sea el de Zapatero o el de Rajoy, pacte estas cosas, para no andar perdiendo el tiempo en menudencias, mientras se hunde el mundo desarrollado. Por cierto, no hay noticia de que el Gobierno vaya a dejar de catequizar niños en la escuela, pero sería conveniente que esa sagrada enseñanza se realizara en los templos. En los de cada religión.

El cambio en la ley del aborto puede juzgarse como una medida política e ideológica. Pero hay otras decisiones que afectan a la Igualdad que parecen, más que nada, recortes sociales. En todas las escalas de la Administración se están cerrando centros de orientación y atención de la mujer, asesorías jurídicas, casas de acogida contra la violencia de género... Hay quien opina que no son simples recortes, sino el producto de una ola conservadora. Y para protestar contra esas medidas, desde Málaga se ha promovido una serie de manifestaciones, que se van a celebrar en toda España el viernes de la semana próxima, bajo el lema mareavioleta.

Ni las ideologías ni la crisis nos deben hacer olvidar que hay 100.000 mujeres bajo alguna forma de protección policial por amenazas. Que todos los años se presentan alrededor de 135.000 denuncias por violencia doméstica, que se saldan con ochenta mil condenas. Que al año mueren unas 70 mujeres en este país por esta especie de terrorismo machista. Y no está mal que nos recuerden que hay cuestiones prioritarias que no se pueden desatender. No lo justifican ni los escasos recursos, ni la estrategia de los frentes ideológicos.