EL cantante, compositor y productor Víctor Manuel sigue creyendo que en la operación Saga contra la presunta trama de corrupción desvelada en la Sociedad General de Autores de España (SGAE) hay una mano negra y muchísimo humo. Ya lo creo: la mano negra, sucia, de los que han saqueado el dinero de los creadores que confiaron en ellos y la cortina de humo de una gestión eficaz que ocultaba la confiscación ilícita de los frutos del trabajo de sus representados.

Víctor Manuel y sus compañeros de junta directiva no se limitaron a defender la presunción de inocencia de su presidente, Teddy Bautista. Le colocaron en una situación jurídica incomprensible, producto tal vez de su propia confusión: sigue siendo presidente y conserva su despacho, pero el control de la sociedad lo ejercerá una comisión gestora encabezada por un director externo e independiente. Si le creen inocente, ¿por qué le quitan el poder? Y si le creen implicado en el caso, ¿por qué le dejan continuar en la presidencia?

El caso es que sí destituyeron al director de gestión, José Luis Rodríguez Neri, al que el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso considera cabecilla -también presunto, como Teddy- de la trama que habría desviado millones de euros de la SGAE a empresas propias o de familiares y amigos a través de facturas infladas o directamente falsas. La diferencia de trato es llamativa. Han pensado que las diligencias del juez eran suficientes para apartar de su cargo a Neri, pero no a Bautista, a quien el mismo juez imputa por apropiación indebida, administración fraudulenta y delito societario -penados con diez años de cárcel- y acusa de haber "consentido, autorizado e incluso impulsado" las trapacerías de su subordinado. Eso está en el auto que ya conocían Víctor Manuel, Caco Senante y demás cuando hablaron de mano negra y humo.

Es cierto que Teddy Bautista, mimado por la actual ministra de Cultura, se había convertido en un personaje antipático, no sólo para los piratas que pretenden impunidad para el robo y el comercio con los derechos de autor, sino por la extrema voracidad recaudatoria de la SGAE bajo su mando, que ha arramblado con conciertos benéficos y ha impuesto el canon digital, ejemplo de perversa tasa fiscal preventiva. También, que el momento y el modo en que ha sido detenido supone la aplicación de esa pena de telediario que refleja la incuria demagógica y populachera de nuestro sistema de justicia penal, y que añade su nombre a la lista interminable de triunfadores linchados por la envidia nacional.

Pero no es una víctima de la inquisición. Sólo un presunto imputado en delitos graves en la gestión de los bienes ajenos que administraba. Inocente o culpable, el tiempo lo dirá. Por simple prudencia no puede seguir en el cargo como si nada hubiera pasado.