El ingreso mínimo vital es necesario. Pocos se atreven a discutirlo. Sin embargo, cuantas más personas lo perciban, peor. No es para sentirnos orgullosos del Estado del Bienestar, sino un síntoma obvio del Estado del Malestar. Peor aún en la provincia de Cádiz, que es la tercera de España en familias perceptoras del ingreso mínimo vital, tras Madrid y Sevilla. Un lugar nada honorífico, ya que es la octava provincia de España en número de habitantes. En la pobreza aparece muy por encima de la media nacional, y su tasa de perceptores por habitantes es la más alta de España. Ser los campeones del paro y del ingreso mínimo vital resulta chocante.

La Seguridad Social ya ha abonado el primer pago a 4.665 hogares gaditanos. Son pagos de oficio, según explicó en su momento el ministro José Luis Escrivá, al tratarse de personas que ya venían recibiendo ayudas por hijos. Cuando sean revisadas las solicitudes, calculaban que llegaría a unos 30.000 hogares de la provincia. Aunque, probablemente, serán menos.

En este asunto, como en otros relacionados con las penurias ajenas, sobra el politiqueo. Lamentablemente, ya han aparecido movimientos para ver quién controla los pagos y las listas de los beneficiados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió la cesión del ingreso mínimo vital al presidente vasco, Íñigo Urkullu. Ni que decir tiene que otros presidentes autonómicos, entre ellos el de Andalucía, Juanma Moreno, solicitaron el mismo trato. Pero no está claro que lo cedan antes de 2021.

En Cádiz, el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, ya hizo unas declaraciones, en las que destacó que es "una apuesta por el Estado del Bienestar". En realidad, es un gasto de caridad que aporta el Estado para que los más pobres no se queden en la más absoluta miseria. Pero el verdadero bienestar estará allá donde no hace falta el ingreso mínimo. En teoría, hay más bienestar en Bahía Blanca que en el Cerro del Moro, donde el estado sería de mayor malestar. Al menos, según los niveles de renta.

Una de las condiciones deseables del ingreso mínimo vital es su vinculación a la búsqueda activa de empleo. Es decir, que no se quede en una paguita de mínimos, para asegurar la supervivencia, y seguir así eternamente, hasta que el malestar resista. En un país comunista, como supuestamente es China, este tipo de prestaciones se asocia a un servicio social de quienes lo cobran. Aquí esa práctica sería acusada de explotación de los más débiles. Esa es otra diferencia con lo que llaman bienestar.