Malas y buenas noticias

El único organismo de importancia que se pensó por el gobierno socialista para su traslado fue el Senado

C omo en el chiste, hemos recibido últimamente malas y buenas noticias. Empezando por las buenas, está o estuvo la posibilidad de que el Tribunal Constitucional viniera a Cádiz. Que fue una precipitación mía al escribir de ello ya ha quedado claro, con las explicaciones de la ministra portavoz, que dice que el Gobierno limita la descentralización a organismos que se creen en lo sucesivo, pero esa propuesta se lleva al 40 congreso del PSOE, de inmediata celebración, en forma de siete enmiendas y supongo que serán retiradas en el pleno del congreso. Quizás lo que se propone el gobierno socialista es compensar a algunas CC.AA., llevándoles organismos de menor importancia que el TC. He leído que así se ha hecho con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el Centro nacional del Hidrogeno o el Instituto de Investigaciones Marinas, pero si siquiera este le ha tocado a Cádiz. Recuerden que el único organismo de importancia que se pensó por el gobierno socialista para su traslado de Madrid, fue el Senado de la Nación a Barcelona, que no se consumó.

Pero no he sido yo solo el que ha creído que, cuando se habla de descentralizar, el Gobierno se refiere a organismos de importancia y no de instituciones, generalmente desconocidas por la mayoría e igualmente prescindibles. Fueron dos profesores de Derecho Constitucional, que citaban como precedente lo ocurrido en Portugal y Alemania, que han llevado tribunales a lugares distintos de sus capitales respectivas.

La buena noticia de la semana es que, al parecer, existe un principio de acuerdo para la renovación de cuatro instituciones muy importantes como son el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, y la Agencia de Protección de Datos, sin que se incluya el Consejo General del Poder Judicial y se cuenta, aunque parezca una broma, que ese tan deseado principio de acuerdo se lo debemos a la proximidad del parto de la esposa del Secretario General del PP. Realmente la decisión del presidente de ese partido de no negociar nada, si no se accedía a su pretensión de que los nombres del CGPJ, fueren acordados por sus integrantes, parecía exagerada e inoportuna, al meter en el mismo paquete diversos organismos. No todos estos nombramientos llevaban el mismo tiempo parados. En cuanto al Consejo del Poder judicial, parece que también, que habrá conversaciones para su renovación. Es de suponer que el PP mantendrá, en lo posible, su exigencia de que sean los jueces los que elijan a sus miembros, que fue la condición impuesta desde el principio, para así asemejarnos a otros países europeos.

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