editorial

Madrid se equivoca en fondo y forma

EL Gobierno central no cumplirá con el mandato estatutario que le obliga a invertir cada año en Andalucía una cantidad de dinero proporcional al peso de su población en España. Desde que se aprobase el Estatuto -con el respaldo de todos los partidos, incluido el PP-, la llamada Disposición Adicional Tercera se ha venido cumpliendo. Andalucía no fija una cantidad absoluta que ate al Gobierno central, sino un porcentaje de lo que invierte. Si por razones de estabilidad presupuestaria, y de la crisis económica, la inversión bajase -pongamos por caso- a sólo 100 millones de euros, Madrid debería gastar en Andalucía 18 millones. Nada más: ése es el sentido de la disposición, que se ha cumplido hasta 2012 y que sólo tiene una vigencia de siete años. En 2014 se acabaría el compromiso. Pero el secretario de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha comunicado a la Junta que ni va a pagar los atrasos -acordados en 1.504 millones de euros, y que se derivan de las liquidaciones presupuestarias de 2008 y 2009- ni va a formular un plan de pagos que lo restablezca a lo largo de varios años ni va a cumplir con esta disposición. Su argumento se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, en el que una disposición parecida quedaba sometida al interés general del Estado. No se consideraba inconstitucional, pero no de un obligado cumplimiento. Digamos, que deja al Gobierno central un margen de maniobra, que es, precisamente, el que está utilizando para negociar con la Generalitat un acuerdo sobre sus atrasos. La carta que Beteta envió al consejero de Economía de la Junta, Antonio Ávila, -sus errores, su estilo y su altivez- indica que no tiene ninguna intención ni de atender ni de negociar. Esto no es un caso de confrontación artificial entre la Junta y el Gobierno central; es una muestra de un trato excesivo por parte del señor Beteta, quien ya expuso a Andalucía ante la mirada de los mercados internacionales de financiación mientras la comunidad de la que él era responsable en materia de Hacienda, Madrid, ocultaba una desviación del déficit y alardeaba de ser el mejor.

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