EL Gobierno andaluz se dispone a retirar la rebaja salarial impuesta a los 266.000 funcionarios y empleados públicos a su cargo. Lo anunció ayer no el portavoz de la Junta, sino el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, tras una reunión con los sindicatos mayoritarios a los que respaldó en sus protestas contra el recorte aprobado en el último Consejo de Ministros que, entre otras medidas, contempla la supresión de la paga extra de Navidad a todos los funcionarios de España. El anuncio de Jiménez, adelantándose a la decisión de la propia Junta, obedece al propósito de no perder la iniciativa ante sus socios de coalición (Izquierda Unida), después de que el vicepresidente Valderas anunciara una iniciativa al respecto, a la vez que mostraba su plena disposición a participar en las manifestaciones sindicales de protesta contra el Gobierno. El argumento de PSOE e IU es que la Junta no admite el doble sacrificio que los dos recortes supondrían para los funcionarios andaluces, el colectivo al que más drásticamente iban a castigar los ajustes previstos. No obstante, la Junta se mantiene, en principio, firme en la voluntad de cumplir los objetivos de control del déficit a que se ha comprometido y que el Gobierno de la nación vigila estrictamente en base a la ley de estabilidad presupuestaria. En Andalucía, en concreto, el compromiso contenido en el plan de reequilibrio económico y financiero, actualmente en trámite de debate como proyecto de ley, obligaba a ahorrar en gastos de personal 770 millones de euros. Ello quiere decir que, de suspenderse el recorte salarial anunciado, de entre el 5% y el 10% de las retribuciones de los empleados de la comunidad autónoma, la Junta tendrá que decidir en qué otras partidas ahorra o, en su defecto, si aumenta nuevamente los impuestos para disponer de más ingresos. Las dos vías posibles suponen nuevos inconvenientes para la economía andaluza. Un dilema que, necesariamente, habrá de despejar el Gobierno autonómico si no quiere incurrir en irresponsabilidad.