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Víctor J. Vázquez

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Jueces y palabras

Una cosa es la oposición a una reforma del Código Penal y otra el cumplimiento de la Constitución

Jueces. Una cosa es la oposición a una reforma del Código Penal y otra el cumplimiento de la Constitución. Esta distinción básica es importante para la opinión pública, pero lo es especialmente para el principal partido de la oposición. Que una mayoría parlamentaria pacte una reforma penal que entendemos perniciosa no legitima el sabotaje al proceso de legitimación de uno de los poderes del Estado. El desarrollo del artículo 122 de la Constitución que la mayoría socialista llevó a cabo en 1985 es muy discutible, en tanto permite que las Cámaras monopolicen la elección del gobierno de jueces. Ahora bien, dicho desarrollo fue avalado por el Tribunal Constitucional y el principal partido de la oposición ha dispuesto en dos ocasiones de una mayoría absoluta para modificarlo sin hacer nada al respecto. Vigente cualquier ley hay que cumplirla, desde luego, pero esta no es cualquier obligación legal, la dimensión constitucional aquí es inequívoca. Su incumplimiento nos condena a un estado constitucional desincronizado, a un poder judicial y a una justicia constitucional mermadas en su legitimación. La lógica partitocrática nos ha hecho olvidar que la ley insta a los presidentes del Congreso y el Senado a que adopten medidas necesarias para la renovación del CGPJ. Creo que la situación ya es lo suficientemente grave como para que sean estas autoridades quienes asuman la responsabilidad de situar a las Cámaras en el foco. Con ello cumplirían con la Constitución y reivindicarían nuestro escuálido parlamentarismo.

Palabras. Gobierno ilegítimo. Partido Criminal. La jerga es conocida. Cuestionar la legitimidad de un gobierno electo a través de los procedimientos constitucionales es una infamia democrática, como lo era el "no nos representan". Las palabras son importantes, hoy más que nunca. Hace unos días un muy apreciado escritor español, a propósito de una reflexión sobre la renovación del poder judicial, sugería en una columna de opinión que se corre el serio peligro de que el presidente del Gobierno emule a Trump y, agarrándose al fraude electrónico, niegue la validez de unos resultados electorales desfavorables. En España no hay voto electrónico y, como cualquiera sabe, la excelencia de nuestra administración electoral hace dicho escenario imposible. Hay que estar en guardia frente a nuestras cámaras del eco y la furia de nuestras legítimas fobias, puede ser presa de ellas hasta el más grande ensayista español, y nadie quiere ver hombres toro en el Congreso.

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