Editorial

¿Investigará la comisión?

AESTAS alturas de la vida política andaluza, confiar en que una comisión de investigación parlamentaria arroje grandes revelaciones o, por lo menos, sustanciales novedades es esperar demasiado. No precisamente porque haya habido muchas en la ya nada corta historia del Parlamento andaluz, sino porque las pocas que ha habido -y a la última sobre los ERE nos remitimos- han sido utilizadas sobre todo como campo de enfrentamiento político en el que investigadores e investigados se han tirado los trastos a la cabeza y han intentado obtener cuotas se proyección pública. Sentado esto, es imposible depositar grandes esperanzas en la comisión que, para investigar el presunto escándalo de los cursos de formación financiados por la Junta, el Pleno de la Cámara decidió crear el pasado jueves. Si ya de por sí las comisiones han respondido siempre al patrón que hemos esbozado, el hecho de que ésta vaya a desarrollar sus trabajos en plena precampaña para las elecciones generales añade todavía más motivos de escepticismo. Únase a ello, además, que su funcionamiento va a estar condicionado por una especie de acuerdo tácito entre los socialistas, que son el objeto de la investigación, y Ciudadanos, que es el partido que, aunque quiere mantener las apariencias de distancia, en la práctica es el que sustenta en el Parlamento al Gobierno de la Junta. El papel que juega ahora Ciudadanos en Andalucía es ciertamente complicado y le cuesta trabajo encontrar un punto de equilibrio entre aparecer como socio entregado al PSOE o caer abiertamente en el terreno de la oposición. Mucha mano izquierda va a necesitar el joven partido para salir airoso de esta comisión. Aun así, el hecho de que se vaya a constituir y vaya a empezar sus trabajos es positivo y debe ser valorado. En primer lugar, porque refleja un cambio de escenario donde ya la voluntad de una única fuerza no condiciona toda la vida política de Andalucía y el partido mayoritario tiene que someterse al criterio de las minorías. Y en segundo, porque el tema que se va a debatir tiene trascendencia social al margen de la actuación que están desarrollando los diferentes juzgados que se encargan del mismo. Ver a unos políticos preguntar y a otros responder sobre tan polémica cuestión va a ser interesante. Pero todavía lo será más el criterio que puedan aportar los técnicos que serán llamados a comparecer. La comisión será también útil para romper la modorra parlamentaria que parece haberse impuesto en lo que llevamos de legislatura, aunque mucho nos tememos que salgamos de ella con más dudas de las que teníamos al entrar.

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