MIENTRAS el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, hablaba en el Parlamento autonómico sobre las irregularidades en la gestión de las ayudas para la formación tratando de restarles importancia y minimizar su dimensión, el fiscal superior del TSJA, Jesús García Calderón, ultimaba un escrito tratando de coordinar la labor investigadora de las distintas fiscalías provinciales. En sentido exactamente contrario al pretendido por el consejero: la Fiscalía Superior de Andalucía considera que puede haber indicios de delito en la concesión de estas subvenciones, otorgando un tratamiento penal a las irregularidades que ya habían sido detectadas por la Cámara de Cuentas, sin que las autoridades regionales hicieran caso de sus informes ni se atuvieran a las recomendaciones realizadas por la Cámara ya en 2004. El fiscal hace suyas las conclusiones de la Policía Judicial que denuncian "un manifiesto desorden" en la concesión de las ayudas, y habla expresamente de las numerosas irregularidades repetidas en la gestión de las mismas, tanto administrativas como contables, destacando dentro de ambos apartados aquellas que por poner de manifiesto indicios de responsabilidad penal exigen "una investigación suficiente de los hechos". En particular, García Calderón se pregunta por las exoneraciones dictadas por la Junta entre 2009 y 2010 para que instituciones locales y empresas particulares siguieran recibiendo subvenciones por importe superior a los 297 millones de euros sin haber justificado previamente el uso de las subvenciones anteriores, tal y como obliga la ley. También se destaca la paradoja de que el ente público Faffe acumulara 50 millones de euros en subvenciones poco antes de ser extinguido, en mayo de 2011, y que el Servicio Andaluz de Empleo, que era el órgano gestor de dicha ayuda, se convirtiera en receptor de la misma, al subrogarse en los derechos y obligaciones de la Faffe, todo ello sin cobertura normativa que lo justificase. En resumidas cuentas, la Fiscalía Superior ha venido a impulsar las investigaciones sobre este caso al tiempo que da pábulo a la estimación de su gravedad, al estimar que los hechos conocidos hasta ahora pueden constituir ilícitos penales. La decisión del Gobierno andaluz, a iniciativa de su presidenta, de revisar las ayudas a la formación y solicitar en su caso la devolución de las mismas en los casos en que no haya podido demostrarse la realización efectiva de los cursos y el cumplimiento de todos los requisitos legales va a resultar, pues, insuficiente. El escándalo ha pasado al ámbito de los fiscales y tribunales. Como corresponde cuando existen indicios de delito.