COMO semanas atrás sucediera en Jerez y Granada, los vecinos de Sevilla están sufriendo desde hace una semana las consecuencias indeseables de la huelga decretada en uno de sus servicios esenciales, el de recogida de basura. La falta de negociación entre el Ayuntamiento y el comité de huelga y la intransigencia de los trabajadores están conduciendo a la capital andaluza a una situación insostenible, con las basuras acumuladas en la vía pública y los consiguientes riesgo para la salud y perjuicio para los establecimientos comerciales y el sector de la hostelería, directamente dañado en la afluencia de clientes locales y foráneos. Numerosos huelguistas se han dedicado a ensuciar premeditadamente las calles, en una acción ilegítima que no se corresponde en modo alguno con su derecho a la huelga, y algunos de ellos han procedido a volcar los contenedores esparciendo los desechos, en una torpe y descabellada estrategia del "cuanto peor, mejor". Quienes así se comportan creen que sacarán mejor rédito de su presión, pero ignoran que convertir a los ciudadanos en rehenes de sus tácticas es el camino más adecuado para perder el resto de simpatía que pudiera quedarles entre los ciudadanos, incluyendo, por ejemplo, a los trabajadores de los sectores damnificados. Estos excesos al margen del derecho constitucional ponen de manifiesto la necesidad de reformar la legislación de huelga, que data del inicio de nuestro sistema democrático. La principal reforma es garantizar que el derecho a la huelga se ejerza sin violentar otros y sin convertir a los ciudadanos en objeto pasivo de la legítima protesta, erradicando toda permisividad hacia la violencia y la coacción. Hay que destacar, por otra parte, que estas huelgas de barrenderos, que están siendo organizadas en ayuntamientos gobernados por el PP, tienen como objetivo expreso eludir las medidas de austeridad a que vienen obligados por ley los consistorios (en el caso de Sevilla, una leve reducción de unos salarios que no son precisamente bajos en general y el aumento de la jornada laboral implantado en todas las administraciones públicas), haciendo de este colectivo una excepción que ningún alcalde sería capaz de justificar. También es relevante que el garante de si se pone en riesgo la salud es la Junta de Andalucía, que en esta serie de paros indefinidos en la limpieza se muestra poco proclive a intervenir. Al menos así ha sido en los municipios citados, todos gobernados por el PP. La huelga de Sevilla debe cesar y dejar paso a una negociación que no puede pasar por encima de la legalidad. Y con ella, liquidar el chantaje a una ciudadanía justamente indignada.