No por inédita, ilegal. Los jueces no tienen prohibido el ejercicio de un derecho fundamental, por la sencilla razón de que no se puede interpretar un silencio constitucional, como prohibición, más bien al contrario. Resulta obvio que, como Poder el Estado, la huelga es un absurdo jurídico, pero olvidaríamos con ello, que el juez español , como el continental europeo, y como, curiosamente, la Cooperación española intenta lo sea también el juez iberoamericano, es bifronte. De un lado, ejerce un poder, pero su condición funcionarial es indiscutible, tanto en su selección, como en la fijación de sus retribuciones, régimen disciplinario o diseño y control de la carrera, concepto, por cierto, que sí viene contemplado en el art 122 de la Constitución. Resulta, igualmente, curioso que se ponga permanentemente en tela de juicio su selección mediante la superación de pruebas de complejidad y dificultad, y no se haga lo propio para el resto de profesionales del derecho, y más curioso aún, que la Escuela Judicial española goce en Europa de un prestigio sin igual.

El derecho comparado de nuestro entorno nos ha mostrado huelgas judiciales (Portugal, Francia, Italia), y la condición funcionarial hace que tengamos un régimen de sujeción ciertamente especial, hasta el punto que, si la ley, por cierto orgánica, lo impidiera, como sucede en relación con las Fuerzas Armadas, la cuestión no tendría dudas. Pero no es así. Al menos, de momento. Es más, en nuestro país, conviene recordar que el derecho de huelga se rige por la Constitución y por una sentencia del Tribunal constitucional, régimen jurídico ciertamente curioso, y en el único proyecto de ley de huelga conocido se remitía, al abordar a los jueces y magistrados, a las especificidades de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ley que, como sabemos, acude de nuevo al silencio como solución legal. Deducir de lo anterior la prohibición, se antoja, ciertamente, rebuscado. Creo, además, que atribuir su legitimación a los sindicatos es anacrónico y por ello la prohibición de sindicación de los jueces, un argumento inútil, sin olvidar que las asociaciones judiciales, tienen no pocos tintes parasindicales.

Cuestión distinta es la oportunidad, tema que no abordaré y, sobre todo, su propia existencia. En puridad, si los miembros de un poder del Estado hacen ver que las condiciones en que se ejerce es insostenible, resulta inaudito que quien cuenta con los medios materiales para ello, no programe un proyecto drástico para hacer frente al problema, quizás ahí radique la incomprensión a la convocatoria de la huelga mas alarmante de la democracia española. Buena parte de los comentaristas dicen no comprender la convocatoria de la huelga, al tiempo que reconocen sin ambages que la causa es justa y los motivos, incontestables. Pero lo que verdaderamente no se puede entender, es que se llegue a la situación límite en que la huelga sea opción, salvo desde la idea de la sumisión de poderes, en lugar de la colaboración entre iguales. Como resulta incomprensible que dicho Poder no tenga autonomía presupuestaria y la tenga, en cambio, el Tribunal Constitucional, o que la Administración de Justicia , verdadera prestadora del servicio público, esté repartida entre distintos Poderes, cuya escasa o nula coordinación, tan ajena al espíritu constitucional, no tiene visos de ser superada. Síntoma de la esquizofrénica situación, es que no se sepa por ejemplo, ni quién es el empleador del juez a efectos de fijar los servicios mínimos:¿el Consejo, el Ministerio, las Consejerías de Justicia?

El juez español es independiente en el dictado de sus resoluciones, pero carece de independencia instrumental, adolece de todo tipo de medios, y sobrevive anclado en una carencia histórica a la que, por una equivocada idea de sacerdocio, se resignó. Me atrevería, incluso, a decir que, en comparación con cualquier otro país, tercer mundo incluido, no es un juez precisamente bien tratado. Ni siquiera en el aspecto económico, excluido, por cierto, en la negociación previa a la convocatoria de huelga, en una iniciativa con escasos precedentes, por los representantes de las asociaciones judiciales.

La situación de la justicia española es caótica, no admite prórrogas, talante, ni buenas palabras, precisa de personas de categoría, con un elevado sentido de Estado histórico que hagan frente al problema, a pesar de su nula rentabilidad política. Hace unos días, en caliente, un contertulio-catedrático asimilaba la huelga de jueces a un golpe de Estado, y, me pregunto, ¿no será más fácil entender como tal, la acción de quien, una y otra vez, intenta mermar al Poder del Estado que sirve de árbitro de la sociedad y de freno a los excesos de los restantes poderes? Reflexione el lector, por favor.