MI padre fue un gran juez que nos enseñó a amar el derecho y la justicia con aseveraciones muy simples; nos decía que para hacer justicia, además de conocer las leyes, había que saber aplicarlas con sentido común; esto le sirvió cuando fue juez de primera instancia e instrucción de Montoro (Córdoba), en donde ejerció en la dictadura -hoy tiene una calle que, a título póstumo, le puso la democracia- y cuando fue magistrado de lo contencioso administrativo en Sevilla.

Mis hermanos y yo siempre nos hemos considerado "los hijos del juez"; le tocó ejercer en los años negros de la dictadura y, sin embargo, fue justo porque era, en el sentido machadiano, un hombre bueno; no es pasión de hija, los profesionales de la Justicia así me lo manifestaban; era liberal, respetuoso con las ideas ajenas, muy religioso, pero nunca intransigente. Hoy le recuerdo más que nunca al ver lo que está pasando con la Justicia. Con la política más, sin duda.

También por su recuerdo sólo he criticado una vez a un juez que llevó su legítima concepción del mundo a una sentencia. Prevaricó y perdió la condición de juez. Se afirma que las actuaciones judiciales hay que criticarlas con argumentos jurídicos y no políticos, cierto, pero ¿qué hacemos cuando las resoluciones judiciales son políticas y no jurídicas? Del último auto de los ERE ha dicho un prestigioso jurista: "Es desconcertante y preocupante, además de nulo porque no dice qué delito imputa a las personas y todo juez debe saber que la Constitución exige, como garantía procesal, que no se puede saltar, que hay que decirle a la persona acusada de qué está acusada" (Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo).

Cualquiera sabe que para que una conducta sea delito tiene que estar tipificada, que hay que hacer una descripción precisa de las acciones u omisiones que se consideran delitos para asignarles una pena o sanción. No se entiende el auto de referencia porque no dice cuál sea la conducta delictiva de los imputad@s; parece ser que "no gustan" las normas presupuestarias de la Junta, aprobadas año tras año por el Parlamento, sin que se hayan recurrido. También se afirma "llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción". Inquietante. Tengo el convencimiento de que ha habido un fraude muy grave de fondos públicos y tienen que ser condenados los defraudadores, pero ya. La justicia lenta es menos justa, también lo decía mi padre.