La sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre la pieza política del caso ERE cuantifica el tamaño del fraude en 680 millones de euros, y de ahí parte el lamento popular por el dinero que no pueda recuperarse. Esta lógica indignación está siendo insuflada por quienes saben por qué no es rescatable. Ni el tiempo ni la verdad jurídica vendrán a darme la razón, por eso esto es una (h)erejía.

Las partidas gastadas durante estos años por la Junta para pagar las prejubilaciones a unos 6.000 trabajadores andaluces afectados por distintos ERE han sido declaradas ilegales por el tribunal, y así lo han venido defendiendo desde el inicio la Fiscalía, la juez instructora, su sustituto, y la acusación practicada por el PP, pero en ningún momento de estos diez años largos ni ellos ni otras instancias, tales como las del Supremo, solicitó a los beneficiados la devolución de lo cobrado. Es más, ni siquiera se pidió una suspensión de los pagos como medida cautelar. Por tanto, el problema de la devolución no está en la actuación de los servicios jurídicos de la Junta, que sigue presente en las otras piezas, sino en que el grueso del dinero sí fue a parar a los ex trabajadores.

El daño causado por la devolución de estas rentas por parte de los más de 6.000 parados habría sido mayor que el fraude en sí. Si hubo fraude, y lo hubo como ha quedado sentenciado, los afectados por los ERE podían haber sido considerados partícipes a título lucrativo, que no es una tacha penal ni requiere conocimiento previo de la ilegalidad. Fue el caso de Ana Mato en una de las piezas de Gürtel.

Nadie solicitó la suspensión porque todos saben que los trabajadores de Santana, de los astilleros de Sevilla y de Huelva, de Cárnicas y de tantas otras empresas eran, realmente, parados y no tenían vinculación ni con el PSOE y ni con la Junta. El 80% del dinero llegó donde debía llegar, pero por un procedimiento ilegal. Hay otras personas, los llamados intrusos, que son 219 como mucho, a los que no les corresponde dinero alguno y hay aseguradoras a las que se acusa de haber cobrado sobreprecios, pero eso aún no está juzgado. Ahí sigue habiendo margen.

También fue posible haber demandado al dinero a los condenados, pero ni tienen patrimonio para responder ni éste ha aumentado por beneficiarse económicamente del fraude. Para que lo comprendan: no hay cajas llenas de billetes de 500 euros en el soberado de las casas de los suegros de Griñán o de Chaves.