APARTE de su predilección por cierta marca de ginebra y cierto cigarrillo rubio americano, Francisco Javier Guerrero ha informado en su deposición ante la juez del caso ERE de su mayor adicción durante los nueve años que estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía: el reparto de dinero público de manera discrecional.

Hasta seiscientos millones de euros pasaron por sus benefactoras manos. Ojo, la parte del león fue a parar a sus destinatarios naturales, que eran trabajadores de empresas en crisis afectados por regulaciones de empleo. Lo que pasó es que algunos millones se distrajeron por el camino y llegaron a los bolsillos de varias decenas de intrusos (falsos prejubilados). Mayormente, militantes, familiares y allegados al Partido Socialista Obrero Español. También a su suegra (la de Guerrero).

Comoquiera que estos fondos, que él llamó de reptiles en figura retórica propia del clientelismo del siglo XIX, se distribuían de modo no reglado, ajeno a los cauces administrativos ordinarios y sin publicidad, ocurrió que sólo conocían su existencia el entorno de la Administración autonómica que los repartía, el partido que la ha dirigido desde hace treinta años y los sindicatos siempre al loro. Tres cuartos de lo mismo pasaba con las ayudas aportadas desde la misma Dirección General de Trabajo a empresas igualmente asociadas a emprendedores de vocación socialista y a otras en peligro de extinción.

Con estos fondos, pues, se estuvo beneficiando a deudos, compañeros y amigos y a trabajadores que podían poner en riesgo la paz social. De todas las verdades y fabulaciones que ha podido declarar en estos tres días el ex director general Guerrero a la juez Alaya hay una que yo me creo a pies juntillas: que recibió órdenes tajantes de sus superiores de arreglar conflictos laborales en empresas que iba a visitar el presidente de la Junta o alguno de sus consejeros. Supongo que lo de su suegra no se lo mandó nadie, lo ideó él.

Las denuncias concretas contra el ex presidente Chaves, los ex consejeros Viera y Fernández y, últimamente, la consejera-portavoz Moreno, y su grado de implicación en el caso las tendrá que probar o se tendrán que demostrar en el resto de la instrucción. Pero no repele al raciocinio, sino todo lo contrario, la idea de que una red de estas dimensiones y una práctica tan continuada en el tiempo no pueden extenderse y realizarse, respectivamente, siendo obra de un hombre solo. Tuvo que haber implicación de la cúpula política de la Consejería de Empleo, por acción o por omisión. No podían no saber lo que estaba haciendo Guerrero. Era su deber.

Por eso es tan escandaloso el caso de los ERE.