QUE 37 granujas (según el balance provisional) hayan conseguido colarse en expedientes de regulación de empleo para cobrar como prejubilados produce, primero, perplejidad y, a continuación, asco, porque esa picaresca sórdida, planificada con el aconchabamiento de parte de la Administración, nos convierte a todos en personajes secundarios de una de esas comedias argentinas sobre la época del corralito y evidencia la estolidez de un aparato burocrático (el de la Junta) que confunde la lealtad ideológica con el amiguismo y la desvergüenza.

Y también me produce una absoluta indefensión personal, porque la corrupción se convierte de inmediato en argumento para cuestionar el mantenimiento de las ayudas sociales y franquear el paso al liberalismo depredador y a sus cómplices políticos. ¿En cuántos expedientes de regulación de empleo va a colaborar la Administración a partir de Mercasevilla? Me temo que en pocos o ninguno. A partir de ahora los fondos de ayuda serán siempre fondos de reptiles, y las víctimas de los ERE caraduras apegados al pesebre del poder. ¿Es casualidad que el escándalo haya estallado en pleno debate sobre las pensiones y la edad de jubilación? Cuesta creer que sea una coincidencia azarosa la divulgación del caso de los falsos prejubilados y el sensible recorte de los derechos laborales auspiciado por sindicatos y partidos y con el apoyo entusiasta de los bancos de tiburones financieros. Los ERE investigados son un material perfecto para fabricar bombas contra el papel mediador de la Administración. Y para debilitar la defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores.

Mientras nos sonrojamos con los 37 prejubilados ficticios se produce una singular ofensiva, capitaneada por el Banco de España y palmeada por economistas sin escrúpulos, para sustituir en las revisiones salariales el IPC por la productividad. La propuesta es tramposa sólo por el hecho de querer sustituir un índice oficial de elaboración transparente por otro tan subjetivo y oscuro como la ganancia empresarial. ¿Cómo se mide eso? ¿Con qué datos? Dice el director del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, que la vinculación entre salarios e IPC es "un residuo y un obstáculo para el ajuste de la economía". ¿Un residuo de qué? ¿De la época dorada en que hasta se negociaban al alza los convenios colectivos? Y lo extraordinario es que manifestaciones como ésa, que son como una declaración de guerra, apenas levantan una queja en el siniestro club de los obreros muertos.

Apuntemos 2011 como el año del suicidio de la socialdemocracia.