Francamente

Un historiador no podrá contrastar los pros y los contras del franquismo, sino ceñirse mucho a los contras

Me advierten de que la despenalización de la eutanasia y la penalización del filofranquismo son cortinas de humo del Gobierno para que no hablemos del paro o de su continua reverencia a los independentistas (regada de dinero). Cuidado -respondo- con las cortinas de humo, que tienen muchísimas volutas: la denuncia de las cortinas de humo ha sido a menudo una cortina de humo para no entrar en los debates más incómodos. Aventemos rápido: conste en acta que aquí sabemos todos que el Gobierno depende de los independentistas y que está entregado y entregándoles el presupuesto, mientras el paro se dispara.

Fuera del humo, vayamos a lo que arde. De la eutanasia hablé ayer. Del franquismo no hablaré hasta que la ley se publique en el BOE para que nadie piense que me refugio en la irretroactividad de la ley penal. Hoy sólo comentaré dos aspectos de la intención de penalizar la defensa del franquismo que me parecen particularmente vergonzosos.

El primero, su impúdica parcialidad. Una ley que prohibiese hablar de Franco en absoluto sería, al menos, ecuánime. Una damnatio memoriae es más piadosa. Esta ley prohibirá hablar bien de él, pero no mal, sino todo lo contrario. De hecho, por caminos indirectos, pero muy bien asfaltados, señalizados y transitados, se seguirá premiando de mil modos la crítica, la mofa y el escarnio. De ser antifranquista, me abochornaría defender mis legítimas posiciones con tanto ventajismo y contra unos rivales con las manos atadas (y bien atadas: por la ley) a la espalda y con un trapo de consenso políticamente correcto en la boca. Me preguntaría por qué necesito tanto dopaje. El sinsentido intelectual se ve claro si se piensa en un historiador cualquiera que no podría exponer y contrastar los pros y los contras del franquismo, sino que estaría obligado a ceñirse a los contras. Así, ni se puede entender la historia ni siquiera se puede pensar.

El segundo aspecto que debería preocupar a los responsables de esta ley es la extensión que adquirirá. Al prohibir una opinión, el silencio pasará ipso facto a ser obligatorio; por tanto, paulatinamente sospechoso y, al final, culpable. Al tirano Enrique VIII no le bastaron ni el retiro ni el mutismo de Tomás Moro e hizo todo lo posible para forzarlo a hablar, porque su silencio resultaba públicamente ensordecedor y personalmente humillante. Aquella sucesión de los acontecimientos conviene tenerla presente.

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