SIN lugar a dudas, los grandes cambios habidos en España desde el comienzo de la Democracia, han sido realizados por los ayuntamientos a pesar de su penuria económica. Desde la creación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) los ayuntamientos vienen reclamando más competencias y más dinero para ejecutarlas, exigiendo un reparto más equitativo y real de los Presupuestos Generales del Estado consistentes en dejar al Estado el 50% y repartir el 25% para las comunidades autónomas y otro 25% para los ayuntamientos. Pero tanto el PSOE como el PP se han hecho el longui para no perder poder político.

Próximo a cumplirse el 30 aniversario de la constitución de los ayuntamientos democráticos, la Junta de Andalucía reconoce ahora que las competencias y la financiación de los ayuntamientos están pendientes de clarificar y está dispuesta a trabajar sin descanso para configurar el nuevo modelo local en un plazo de dos años y va a crear el consejo de concertación local. Si quieres que un problema no se resuelva, crea una comisión dijo alguien. Confiemos una vez más en nuestros sufridos gobernantes no seamos malage.

Mientras tanto, demos un toque de atención a algunos alcaldes aficionados al autobombo creando gabinetes puramente propagandísticos sin la menor utilidad social a cargo del erario público y a esa pléyade de sinvergüenzas que se apuntaron a la política local buscando el enriquecimiento personal con un discurso populista de corte dictatorial, y llegado el caso de gobernar, hacerlo con un descarado abuso de poder, opacidad en la gestión y fomentando la corrupción. Mientras, el pueblo paga y calla. Decía el profesor Tierno Galván que las paredes de los ayuntamientos deberían ser de cristal para que los contribuyentes pudieran ver en qué se gasta el dinero de sus impuestos. Miles de alcaldes como él, están hoy mal vistos por culpa de los corruptos malayos.

Más competencias y más dinero para los ayuntamientos sí, pero creando al mismo tiempo mecanismos efectivos de fiscalización por parte de os ciudadanos cuyo dinero debería figurar en la Constitución como objeto de especial protección.