POR segundo año consecutivo, el Gobierno de Madrid ha incumplido el mandato del Estatuto de Andalucía por el que debe invertir en la comunidad un porcentaje equivalente al peso de su población. Un 17,8% de la inversión regionalizable del Estado se debe concentrar en Andalucía, según un Estatuto que, tanto en el Congreso como en el Parlamento autonómico, contó con los votos del PP y del PSOE. Después de que el Gobierno de Zapatero cumpliese este precepto durante cuatro años, aunque la liquidación ha demostrado que hay una diferencia entre lo presupuestado y lo, realmente, gastado, en detrimento de Andalucía, los dos presupuestos generales del Estado de Mariano Rajoy han soslayado la disposición estatutaria bajo el argumento de la excepcionalidad de la crisis. Esto es cierto, las partidas de inversión caen en todos los presupuestos, pero el Estatuto no marca una cantidad, sino un porcentaje: por tanto, no se discute la cifra que el Gobierno debe invertir en la comunidad, sino un trozo de la tarta, aunque ésta sea muy pequeña. 2014 será el último año que esté en vigor esta disposición, y entonces será el momento de hacer cuentas entre ambas administraciones, porque eso también está contemplado en el Estatuto. Andalucía, sin embargo, es la comunidad donde más se invertirá en 2013; no se puede decir que el Gobierno central castiga o maltrata a la comunidad, pero la Junta está obligada a recurrir a los tribunales para reclamar este precepto. Ya el año pasado, y de un modo un tanto abrupto, el secretario de Estado de Administraciones Públicas solventó este asunto con una alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán y una disposición parecida. El Constitucional no rechazó ese artículo, aunque hizo alguna matización. Más razones aún para que el Gobierno andaluz recurra ante los tribunales este incumplimiento, y para que sean éstos los que sentencien sobre una disposición votada por todos y anulada, hasta ahora, de facto por Madrid.