La tribuna

Juan A. Estrada

¿Una España ingobernable?

PARECÍA que tras la batalla del estatuto de Cataluña se rebajaría la tensión política en España y podríamos abordar lo que queda de legislatura con menos preocupaciones. Pero no es así. Cuando estamos en la fase final del verano, ya se anuncian las nuevas contiendas económico-políticas que hacen España ingobernable. Por un lado, un gobierno que busca cambiar el poder judicial para promover nuevas leyes que permitan mitigar, y si es posible obviar, la incompatibilidad de algunos puntos del Estatuto con la Constitución española. Una vez más se reafirma que en España no hay poder judicial independiente, que los partidos anteponen sus intereses partidistas a la defensa de la Constitución y que el Estado, en lugar de fortalecer las instituciones, las debilita para controlarlas.

La debilidad del Gobierno en la economía, cada vez más supeditado a las instancias internacionales, se extiende a un Estado democrático débil, en que no hay independencia de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Si a esto añadimos la alienación política de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) en función de los intereses de los partidos afines, se consuma la carencia de una cultura ciudadana democrática, que sirva de contrapeso a la situación.

Por otra parte, ya se anuncia el chantaje de los partidos nacionalistas al Gobierno, que necesita apoyos para su política económica. El problema no es si las medidas que va a proponer son buenas o malas, sino que se exigen concesiones políticas y económicas, para no tumbar las reformas propuestas. Como además, el Partido Popular quiere debilitar al Gobierno y que se anticipen las elecciones, tampoco se puede contar con él como posible apoyo. El resultado es un poder ejecutivo y parlamentario débiles; una democracia que, cada vez más, tiende a ser partitocracia y una pérdida del Estado de derecho, el constitucional, en función de los enjuagues políticos y económicos del momento.

Como compensación a esta debilidad en lo económico-político, aumenta la dinámica legislativa expansiva del Estado que quiere reglamentar la vida cotidiana de los ciudadanos: espectáculos lícitos o no; defensa o rechazo de vestimentas y signos que expresan identidades religiosas; determinación de lo que se puede comer o no en las escuelas; intensificación del control del tráfico, no en función de la seguridad ciudadana sino de la recaudación económica, etc. El resultado es la incontinencia legislativa y el no cumplimiento de las leyes, cada vez más numerosas y, muchas veces, desconocidas para muchos ciudadanos.

El Estado controlador necesita, a su vez, mayor burocracia y funcionarios, que no han disminuido sino aumentado, a pesar de la crisis económica, y asegurarse la lealtad clientelista de los cargos en los que se apoya. Sigue siendo verdad que el "que se mueve no sale en la foto", tanto en el partido gubernamental como en los otros. La deriva nacionalista de parte del partido gubernamental apenas si es contrarrestada por los otros grupos y lobbies internos, y los barones regionales tienden al silencio porque hay que apoyar al Ejecutivo, aunque sus medidas sean malas para el país.

Para acabar de asegurar el control, se ponen todos los obstáculos posibles a las elecciones primarias, que posibilitarían que las listas electorales, que siguen siendo cerradas, no sean completamente controladas por la cúspide del partido. La débil democracia estatal y de la sociedad civil española se completa así con la carencia de ésta en los partidos.

No se ve claro el futuro político próximo, quizás porque contamos con un mal gobierno y una oposición tan mala como él. La invertebración política, económica y cultural de España sigue siendo un problema, casi un siglo después de que se planteara. Pensábamos que la España de las autonomías podría ser una solución eficaz, cercana al Estado federal y generadora de una pluralidad desde la igualdad. Hoy, sin embargo, asistimos a la deriva del modelo político hacia la asimetría y la desigualdad, más propia de una confederación de estados asociados, mientras que aumentan los graves problemas económicos y la debilidad del Estado social, ya que somos el país rico que menos recursos sociales ofrece.

No cabe duda de que necesitamos una nueva clase política, el problema es que no vemos cómo puede surgir e imponerse en los partidos y en la sociedad, ya que el obstáculo son los políticos actuales, cada vez menos valorados en las estadísticas de la población.

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