Si me pongo en su piel, siento que se me eriza. Si a su discapacidad, a su incapacidad y a la crueldad de su situación física o psíquica desfavorable se le añade la discriminación, y más si esta es ratificada oficialmente, tenemos como resultado unos ciudadanos muy mermados en sus derechos, apartados y expuestos al desamparo ante los ojos ciegos de la mayoría.

Hablo de personas mayores y discapacitados, a los que una incomprensible orden de la Junta impide salir de las residencias y recibir visitas en tanto no acabe el periodo de vacunación contra el covid 19 que les afecta a ellos, lo que puede resultar en dos o tres meses. Su morada se convierte de repente en una cárcel. La mayoría de los ciudadanos, incluidos los mayores y discapacitados no alojados en centros oficiales, podemos ir de compras, sentarnos en un bar o simplemente andar sin rumbo por las calles, respetando las restricciones o ignorándolas. Ellos no.

Se dice que, al ser un colectivo especialmente vulnerable, se les protege de esta manera contra el coronavirus. También nos lo dijeron a todos durante el confinamiento, y casi todos lo aceptamos. Pero en esta ocasión, el recorte de los derechos es mucho mayor para una parte de la sociedad que para otra y la explicación no convence, puesto que la diferencia en el trato es abismal. Al ingresado en una residencia no se le permite ni el derecho a opinar sobre su situación, convirtiendo su vivienda en sitio de reclusión. Más que preocupación por la salud de los usuarios asoma ahí un extremo temor a que un brote pueda desencadenar de nuevo un escándalo que cuestione la gestión de unos políticos más preocupados por ellos mismos.

Mientras el Gobierno central se indigna por que Castilla y León quiere ampliar el toque de queda por su cuenta, nadie alza la voz ni siquiera para debatir el toque de queda permanente al que está sometido esa parte de la población. Será porque es muy minoritaria y se la considera menor de edad. Mientras la libertad da lugar de hecho a reuniones mucho mayores que las permitidas, discapacitados y mayores están pasando estos días encerrados, y en muchos casos sin que siquiera les dé el escaso sol de invierno.

Los gobiernos, y la sociedad en general, están practicando una especie de 'apartheid', llevados en parte por la buena voluntad y en parte por la consideración de estos ciudadanos no como personas sino como colectivos, que terminan siendo así de segunda clase.