EL nuevo Gobierno andaluz ha reducido su composición en dos departamentos. Dos consejerías del anterior (Justicia y Vivienda) han sido eliminadas, quedando sus respectivas competencias asignadas a Gobernación y Obras Públicas. Ello supone un adelgazamiento de la estructura de la Junta al desaparecer los dieciséis delegados provinciales afectados por la remodelación.

Menos da una piedra. Pero en materia de dietas, la Junta necesita seguir una bastante más radical. Continúa estando a la cabeza de las comunidades autónomas en número de consejerías, sin que exista una razón objetiva para no proceder a una reducción sustancial. Con ocho macroconsejerías en lugar de las trece actuales iría que chutaba desde el punto de vista funcional, aunque hubiese menos poder que repartir entre las agrupaciones territoriales y los grupos de presión socialistas.

La Administración andaluza es costosa y lenta. Todos los consejeros a cuyo cargo ha estado la Función Pública desde que existe la autonomía han prometido, y a veces incluso intentado, reformarla para que fuese más eficiente. Ninguno lo ha logrado hasta ahora, probablemente por la dificultad intrínseca de la labor y por la voluntad de no enemistarse con algunos colectivos que podrían salir perjudicados. La impotencia se ha traducido, habitualmente, en una alocada carrera de creación de empresas públicas cuya naturaleza jurídica le ha permitido sortear los farragosos procedimientos administrativos y -también- atribuir a responsables políticos facultades que legalmente corresponderían a altos funcionarios. La empresa pública es, en ocasiones, la fórmula perfecta para sustraer el ejercicio del poder ejecutivo en un sector determinado al control parlamentario al que han de someterse las consejerías.

Recientemente el Estado ha anunciado su oferta pública de empleo para este año, con una sustancial bajada con respecto a años anteriores, y algo parecido hizo antes la Junta autonómica. Es lógico, pero en situaciones de especial crisis, como la presente, las familias no sólo dejan de realizar nuevos gastos, sino que disminuyen los que hacían habitualmente en los tiempos de bonanza. Para dar ejemplo, Junta y Estado tendrían que proceder de la misma manera: además de no contratar a más empleados e ir amortizando las bajas que se producen, habrían de acometer de una vez el necesario recorte de sus estructuras materiales y humanas. La austeridad bien entendida empieza por uno mismo.

Todo está bajando en España, menos el número de parados y los gastos del Estado, las autonomías y los ayuntamientos. Deberían bajarlos, aunque sólo sea por dar ejemplo.