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Punto de vista

José Ramón del Río

jdel35@hotmail.com

Embajadas de Cataluña

Pocos sabían que los independentistas habían sembrado casi todo el planeta de delegaciones catalanas

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha ordenado a la Abogacía del Estado que, como medida cautelar de un recurso contencioso administrativo ya interpuesto, pida el cierre de las embajadas que el Gobierno de la Generalitat tenía abiertas en Berlín, Londres y Ginebra. Esta petición se formuló este 1 de julio, aunque el recurso se había interpuesto el año pasado y lo fue contra el restablecimiento de estas embajadas, que habían cerrado en noviembre de 2017 y ello no por decisión del Gobierno catalán, sino como consecuencia de la aplicación del art. 155, que suspendía la autonomía, y que acordó el gobierno de Rajoy en octubre de 2017. El fundamento de la petición que hace la Abogacía del Estado es claro y difícilmente discutible: las relaciones internacionales, según nuestra Constitución, son competencia exclusiva del Estado. Por tanto nada tienen que hacer en ellas las autonomías y, además, la de Cataluña actúa "con singular intensidad para un proceso de secesión territorial, que está declarado anticonstitucional" y en prisión provisional, en espera de juicio, sus principales promotores o fugado de España el que era presidente de la comunidad autónoma, cuando realizó su brevísima declaración de independencia.

La noticia, que no tiene nada de agradable, se mire por donde se la mire, sí que nos ha servido a los españoles para saber más del desgobierno -con la consecuencia del despilfarro- de esa comunidad. Porque pocos sabrían, por falta de información, que los independentistas catalanes habían sembrado, no sólo Europa sino en casi todo el planeta, de embajadas, oficinas o delegaciones que tenían como objetivo "claro y manifiesto, declarado de modo reiterado, la internacionalización del procés", como los independentistas le llaman. Así llegamos a saber que no sólo en las ciudades antes mencionadas, sino también en EEUU, México, Argentina, Túnez, Beirut y en Viena, Tallin, Lisboa y Estocolmo habían abierto oficinas o delegaciones con el mismo objetivo.

Estos derroches de dinero público para fines ilícitos, están contemplados en el Código Penal. Aquí no caben ni amnistía, ni indultos. Porque una cosa es que alguien se queje, porque no puede hablarle a su tostadora en catalán, como dicen ha ocurrido, y otra que, por el hecho de que tenga una lengua propia (como también tienen otras comunidades) esto le de derecho a que el resto de los españoles le paguemos una nación, llevándose lo que vale y dejándonos sus deudas.

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