La tribuna

Manuel Chaves

Elecciones autonómicas o plebiscito

LAS elecciones convocadas por el presidente de la Generalitat son, según la ley, elecciones autonómicas para elegir el Parlamento y el Presidente de la Generalitat. La intención de Artur Mas de convertirlas en un plebiscito para iniciar el llamado proceso de desconexión de Cataluña del resto de España constituye un gran fraude político. Fraude porque es una ruptura descarada de las reglas del juego democrático y porque partidos políticos que representan a buena parte de los ciudadanos catalanes no aceptan legítimamente su carácter plebiscitario. Y la Constitución y el Estatuto de Autonomía les avalan. Tratar de conducir el debate electoral de unas elecciones autonómicas, como pretende la lista Junts pel si en un sí o no a la independencia de Cataluña bajo el argumento del expolio por parte del resto de España constituye una manipulación grosera. Intentar hurtar a los catalanes el debate propio de unas elecciones parlamentarias, los problemas económicos y sociales que afectan a sus vidas y las propuestas de solución es un engaño.

El intento de plebiscito representa el desafío institucional más grave al que se ha enfrentado España en su reciente historia. Desafío a la Constitución y al ordenamiento democrático y amenaza de ruptura de la convivencia entre catalanes y el resto de los españoles.

Manipulación y engaño porque todavía no conocemos qué mayoría se requiere para aprobar la declaración unilateral de independencia por el Parlamento catalán: ¿mayoría absoluta del censo de votantes?, ¿mayoría absoluta de votos?, ¿mayoría de escaños sin haber alcanzado la mayoría absoluta de votos? Es una baza engañosa bien guardada por los partidos independentistas. Nos han recordado recientemente que en las elecciones del 2012, los tres partidos independentistas sumaron el 32% del total de los ciudadanos con derecho a voto. ¿Será esta la mayoría suficiente para la secesión de Cataluña?

La independencia o el caos. Es el dilema que plantean los independentistas. Votar a la lista de Mas (resulta patético que este ocupe el cuarto lugar) es votar por Cataluña. Votar a partidos catalanes como el PSC, el PP o Ciudadanos, que están contra la secesión, es votar contra Cataluña. El desempleo, las pensiones, la sanidad, la educación, etc., no interesan a los independentistas. Pero además, ¿servirá el proceso de secesión para tapar las presuntas comisiones del 3% y recomponer así la imagen del partido de Artur Mas?

Declarar unilateralmente la independencia es violar clara y conscientemente la Constitución y el Estatuto de Cataluña, por mucho que aleguen un "derecho a decidir" que no votaron los ciudadanos catalanes al aprobar estas normas. No creo que sea una osadía llamar las cosas por su nombre: la violación del bloque constitucional, parte fundamental del ordenamiento jurídico del Estado, es equiparable a un golpe de Estado o contra el Estado. Pero además, más allá de las consecuencias económicas y financieras de la secesión, alguien puede pensar que Merkel, Hollande, Renzi o el mismo Tsipras van a recibir en la Unión Europea a un país que declara unilateralmente la independencia en contra de la Constitución de un Estado miembro.

Engaño, manipulación y violación de la ley, ¿puede considerarse este un camino democrático hacia la independencia?, ¿pueden constituir la base del futuro de Cataluña?, ¿fuera de España, de la UE, de la ONU?: es el camino hacia el desastre y la marginación como país. A los socialistas catalanes y a los partidos que están en contra de la secesión no les será fácil el trabajo ante el 27-9. Pero ante los interrogantes que se plantean ante una declaración unilateral de independencia, la única respuesta posible, la respuesta democrática está en la Constitución (y en esta ningún artículo esta de adorno). La respuesta está en el diálogo y el consenso en su aplicación a corto plazo y en su reforma a medio para que, sin privilegios y agravios, asegure el encaje singular de Cataluña en el conjunto de España. Pero es preocupante que ante una situación tan delicada como es el desafío secesionista, algún partido intente obtener réditos electorales en el resto de España. La iniciativa legislativa del PP para modificar, con carácter de urgencia, la ley del Tribunal Constitucional pensando en la situación catalana, es una sobreactuación política que persigue fines electorales y suministra munición política a los independentistas.

Siempre he pensado que Cataluña es un pueblo que ha alcanzado los más altos niveles de autogobierno con la Constitución, un pueblo profundamente europeísta, orgulloso de su identidad, de su cultura, de sus instituciones, de la defensa de su cohesión social, de su sanidad y educación. En las elecciones autonómicas del 27-9, ningún "aventurerismo" debería poner en peligro estos logros.

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