Editorial

Efecto llamada de una ilegalidad

LA ocupación de viviendas vacías en Sanlúcar crece día tras día desde hace varias semanas. Ayer ya eran 86 las familias que han ocupado por la fuerza pisos que se encuentran vacíos y que, en teoría, pertenecen actualmente a entidades bancarias y promotores. Se teme que el número de 'okupas' siga aumentando debido a que se está generando una especie de efecto llamada que puede atraer desde la localidad e incluso desde fuera de ésta a otras personas en similares circunstancias. La Policía, por el momento, se está limitando a identificar a los ocupantes, sin que hasta ahora se hayan llevado a cabo desalojos por la fuerza. Estamos ante un fenómeno que empieza a organizarse. Los ocupantes, asesorados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) -aunque ha negado haber repartido un manual para ocupación de viviendas en el que aparece el teléfono de uno de sus dirigentes- y apoyados al menos moralmente por partidos como Izquierda Unida, saben de la importancia de mantener su unidad de acción y se han constituido en lo que llaman "corralas por la dignidad". El caso, sin duda, se les está yendo de las manos a las administraciones que son las encargadas de velar por el cumplimiento de la legalidad. No sólo porque las ocupaciones de propiedades ajenas son ilegales en sí mismas, sino porque constituyen un serio problema para la seguridad de las personas al no existir control alguno sobre el uso de la electricidad, con enganches que son obviamente ilegales, y del agua potable. Al mismo tiempo, lo que está pasando en Sanlúcar supone un agravio para todas aquellas familias igualmente necesitadas que están a la espera de recibir una vivienda social y que no han decidido tomarlas por la fuerza. A todo ello se une el hecho de que no se sabe en algunos casos a quién pertenecen las viviendas ocupadas, pues los promotores acabaron arruinados y les dieron las llaves a unos bancos que no las han terminado de inscribir en los registros. Este limbo legal en que se encuentran esos edificios alienta el uso ilegal de los mismos. Está claro que el problema del acceso a una vivienda, que afecta a miles de familias, precisa de un esfuerzo por parte de todas las partes implicadas. Las administraciones públicas no pueden mirar a otro lado ante los hechos que se están produciendo en Sanlúcar y otros municipios porque el problema puede acabar convirtiéndose en algo imposible de abarcar. Y después de llegar a acuerdos para el uso de esos pisos vacíos, ha de seguirse un procedimiento legal de adjudicación, por justicia ante quienes más lo necesitan frente a quienes han aprovechado la ruina de promotoras, los vacíos legales y la dejadez administrativa para saltarse la ley.

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