LOS periódicos de ayer contaban disturbios por doquier. Y en pleno invierno, en contradicción con aquella canción en la que Mick Jagger decía que el verano es el tiempo ideal para pelear en la calle. En Kiev, un ex ministro ucranio resultó herido de consideración. Después de tres semanas, continúan los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Hamburgo, ciudad natal de Merkel; hay tres barrios del centro declarados zona peligrosa. En Burgos ha habido una batalla campal por una protesta vecinal. Y en Melilla se produjo una algarada con quema de neumáticos.

Por todas partes la gente sale a la calle a protestar y a veces se encuentra con mucha mucha policía, como diría Sabina. Ocurrió en Madrid cuando se propuso por las redes sociales rodear el Congreso y ahora en Hamburgo por la protesta contra el cierre de un centro cultural, en donde se envía un policía por cada dos manifestantes, con saldo de cientos de heridos. Un fantasma recorre Europa y no es el comunismo, sino un potente malestar social que saca a los ciudadanos a la calle a pasearse a cuerpo, como animados por el poema de Celaya.

Es cierto que a las protestas, ya sean relacionadas con el empleo como en Melilla o por la construcción de un bulevar como en Burgos, siempre hay el riesgo de que se sumen incontrolados antisistema que utilicen la oportunidad para quemar, romper y agredir. Buena ocasión para demostrar el temple de convocantes y autoridades. Hay precedentes de políticos que han aprovechado disturbios para ganar popularidad con su mano dura. Por ejemplo Sarkozy, ministro del Interior de Francia a la sazón, por su manera de acabar con la revuelta que se propagó en 2005 por los suburbios de París.

Aquí en España, el ministro de Interior ha tenido la tentación de cambiar la legislación para contentar al poderoso flanco derecho y extremo derecho de su partido. El Gobierno prepara una Ley de Seguridad Ciudadana para reprimir con más soltura a los insurrectos. El borrador establece fuertes multas por conductas que hasta ahora no eran perseguidas por la legislación española, como manifestarse cerca del Congreso, usar casco, capucha o cubrirse el rostro y tomar imágenes de los policías. Los insultos a los agentes, escalar edificios oficiales y los escraches también serán castigados. Y por desórdenes en una misa la sanción puede llegar a los 600.000 euros.

Las libertades de expresión, reunión y manifestación están entre los más preciados derechos constitucionales y es imprescindible que la legislación las garantice. Hay gente de buena fe, que no tiene miedo, convencida de que puede defender sus ideas de manera pacífica y vencer, como los militantes pro derechos civiles en la América de los 60. Los violentos deben ser condenados por tribunales en estricta aplicación del código penal. Pero dejar en manos de la Administración sanciones tan severas se presta a la arbitrariedad.