LA Fiscalía Superior de Andalucía investiga las ayudas otorgadas por el Gobierno autonómico a las llamadas Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), consorcios de derecho público creados para fomentar el empleo local. Las ayudas, proporcionadas por el Servicio Andaluz de Empleo, ascendieron a 57 millones de euros entre 2010 y 2012.

Hubo irregularidades en su realización, según el informe de la Cámara de Cuentas, singularmente que el dinero se destinó sobre todo a pagar las nóminas de los empleados y directivos de estos organismos y que no se controló la gestión de las mismas, es decir, si sirvieron al objetivo buscado: fomentar el empleo.

Esto es un no parar. El caso de los ERE va ya por los doscientos imputados, la Justicia tiene procedimientos abiertos por las ayudas a la formación recibidas por el sindicato UGT y por diversas empresas, se indaga también las actividades de una sociedad pública de capital riesgo (Invercaria) y, ahora, el fiscal jefe del TSJA pone la lupa y exige papeles a la Junta sobre las subvenciones concedidas por estas unidades de desarrollo local.

Todas estas causas comparten elementos comunes: dinero público a espuertas repartido con el propósito de afrontar el problema más grave de la sociedad andaluza (el paro), pero tan rematadamente mal gestionado que no ha servido a la finalidad propuesta y, de paso, ha engordado las estructuras de la Administración andaluza, y también las cuentas corrientes de personas físicas y jurídicas próximas al poder y/o privilegiadamente informadas.

Lo que hace confluir estas actividades institucionales que circulan en paralelo -el nexo de contacto- es la falta absoluta de control. Instalado, consciente o inconscientemente, en aquella filosofía de que el dinero público no es de nadie y sí es inagotable, los sucesivos gobiernos andaluces lo han utilizado como una generosa derrama destinada a comprar la paz social, no a combatir las causas que podrían ponerla en peligro. Independientemente de la tipificación penal que termine calificando las conductas investigadas, tengo pocas dudas acerca del significado político de las mismas: la práctica del clientelismo. (Diccionario de la Academia de la Lengua: "Protección, amparo con que los poderosos patrocinan a los que se acogen a ellos").

Añado: método usado por el poder para perpetuarse por la vía del agradecimiento.