LA comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que representa a más de siete mil corporaciones locales, ha exigido al Gobierno un cambio sustancial en la financiación local, a negociar entre todas las instituciones implicadas (Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos). Es una vieja reivindicación, tan vieja que no es de extrañar el tono de ultimátum que ahora ha adoptado. Desde la época de la transición los ayuntamientos han sido los auténticos parientes pobres entre las instituciones democráticas. El despliegue del Estado de las Autonomías ha supuesto la consolidación de los entes autonómicos, que han obtenido cuotas de poder, personal y medios materiales inimaginables, pero la descentralización no ha alcanzado ni de lejos a las entidades locales, las más próximas a los ciudadanos. Éstas, sin embargo, precisamente por su cercanía a los vecinos, son las receptoras directas de las crecientes demandas de servicios. Numerosas leyes de carácter social se han aprobado en estos años y para la entrada en vigor de muchas de ellas se ha requerido colaboración de los ayuntamientos, que actualmente realizan políticas de ayuda a la infancia y la juventud, sostenimiento del sistema educativo, ley de dependencia y otros servicios sociales. Pero las corporaciones locales no han visto compensadas sus nuevas atribuciones con una delegación paralela de competencias ni con los mecanismos financieros precisos para afrontarlas. No sólo la Administración central ha sido cicatera con los municipios. Tampoco las comunidades autónomas han asumido la necesidad de compartir sus competencias recién adquiridas. El resultado final es que los ayuntamientos se encuentran en situación de asfixia financiera, agravada en los últimos tiempos por la crisis económica, que está mermando considerablemente sus recursos. Urge que el pacto sobre la nueva financiación autonómica sea acompañado y completado por un pacto de financiación local. El Gobierno tiene la palabra.