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la tribuna

María Jesús Montero

Dinamitar el Sistema Nacional de Salud

AUNQUE se intuía desde hace meses, hemos tenido que leer con detenimiento el real decreto-ley de medidas urgentes publicado el martes por el Gobierno de Rajoy para constatar sospechas y comprobar las sombras que acechan al Sistema Nacional de Salud. Es cruento e injusto el impacto que va a suponer para la salud de la ciudadanía (especialmente que las personas con enfermedad crónica tengan que pagar medicamentos) y deja un sistema sin futuro, un mañana sin derechos y la privatización en nuestro horizonte.

No podemos dejarnos engañar por la improvisación que está imprimiendo el Gobierno. Todo está pensado; todo obedece a una cuidadosa estrategia que ha ido sembrando el terreno de peligrosas minas con el único objetivo de dinamitar el Sistema Nacional de Salud sin dar explicaciones, en un ejercicio de oscurantismo sin parangón. Han usurpado a la ciudadanía el derecho a conocer medidas que van a regir su futuro, que cargan sobre el modelo: sobre la sanidad pública, universal y gratuita que conocemos gracias a la Ley General de Sanidad. ¿Es un diseño político gestado en el seno del PP o sólo responde al dictado de los lobbies en los que se apoya?

Hemos perdido nuestra condición de ciudadanos tributarios de un derecho a la salud para volver a ser asegurados (como en los 70) como pre-requisito para la privatización del sistema sanitario público. Usan la coartada de la crisis como oportunidad para introducir una reforma ideológica y permitir a los sectores interesados sacar tajada de la enfermedad de los españoles tras haber acabado con otras gallinas de huevos de oro.

No es casualidad que esta estrategia se vaya desplegando después de las elecciones, cuando "ya pueden decir lo que piensan", como expresaba la pasada semana el portavoz sanitario del PP en el Senado. Han programado cinco minas de extraordinaria potencia para una voladura programada.

La primera de ellas es la incorporación masiva del sector privado a la contratación, gestión y provisión de servicios sanitarios y asistenciales. Madrid y Valencia son ejemplos claros, dada su magnitud. Hay otra estrategia: se ha potenciado la colaboración público-privada en un modelo de ingeniería financiera que permitía a las CCAA sortear el endeudamiento público y abrir oportunidades de negocio.

Un nuevo punto de explosión son las alianzas con lobbies y think-tanks conservadores a quienes debemos el fogueo que cuestiona la sostenibilidad. ¿Pensábamos tal vez que el que estas materias estuvieran en la agenda de los medios era una coincidencia inocente? Más bien es un ejercicio de abono del terreno.

Hoy estamos en la cuarta carga: en las pequeñas grandes reformas que tienen poco de coyunturales y mucho de estructurales, y que rompen con la solidaridad distributiva de nuestro modelo de bienestar y de calidad de los servicios públicos. Las que hemos visto y las que vendrán: ampliación del mutualismo sanitario, desgravación fiscal del aseguramiento sanitario...

Y queda una más, la que marcará la explosión final: una vez transformado el sistema en un aseguramiento público, se abrirá la puerta a las aseguradoras privadas con financiación pública. No olviden que la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud no era un problema en España hasta que el PP ha empezado a legislar a pesar de haberse comprometido durante meses a no hacerlo.

España tiene uno de los mejores y más eficientes sistemas sanitarios a nivel internacional con mejores resultados en salud y mayor calidad con uno de los costes más bajos en relación con nuestro PIB. La privatización, como solución mágica, es un mito interesado que cuesta más a los que están más enfermos y ofrece peores resultados en atención. Así, Holanda (tras instaurar en 2006 un sistema de seguros privados) es el segundo país con mayor gasto sanitario (tras EEUU) al pasar del 9,8% al 12% de su PIB. Por eso afirmamos que el sistema sanitario español sostenible es el único sostenible. Otro debate es si renunciamos como sociedad desarrollada a proteger la salud de nuestros ciudadanos.

La mina en forma de reforma constituye un fraude ciudadano al no figurar en el programa electoral; un fraude político al no acompañarse de debate democrático; un fraude profesional al hacerse de espaldas al sector sanitario; y un fraude legal por el sinsentido jurídico de aprovechar medidas urgentes y coyunturales para modificar el derecho a la salud. Todo estaba previsto, van a dinamitar el modelo, ya que la meta última no es la protección financiera pública frente a la enfermedad, ni el derecho a la salud y a la atención sanitaria de calidad desde un servicio público. No es casual que la expresión "sistema sanitario público" no aparezca ni una sola vez en el real decreto-ley.

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