AL día siguiente del 28-F, uno de los columnistas del Grupo Joly terminaba su recuadro, tras glosar las bellas palabras de Antonio Banderas en el acto institucional de entrega de las medallas de Andalucía, preguntándose: "¿Quién ha sido el que nos ha robado aquella ilusión esperanzada de entonces?". La interrogación es más que oportuna porque ninguno de los muchos discursos de ese día -ni el larguísimo del presidente de la Junta en el Maestranza, ni los de los líderes sindicales de la manifestación "oficial", auspiciada por PSOE e IU, ni siquiera los del "Bloque Crítico"- contestaban a esta cuestión clave.

Es, sin duda, muy cierto que el 28 de febrero de 1980 el pueblo andaluz coronó en las urnas un proceso de aceleración histórica singular que había tenido en las calles, algo más de dos años antes, el hito del 4 de diciembre de 1977, una fecha pronto olvidada, o mejor silenciada, desde las instituciones políticas y los partidos hegemónicos en Andalucía y sólo recordada por sectores minoritarios. Tan es esto así que han tenido que pasar ¡35 años! para que se reconociera a Manuel José García Caparrós como Hijo Predilecto de Andalucía. ¿Ha explicado alguien, o alguien ha exigido explicación, sobre el por qué de ese largo olvido y la razón del súbito recordatorio?

Es necesario decir algo que muchos piensan pero casi nadie afirma, en una nueva versión del cuento del rey que paseaba desnudo: quienes robaron a los andaluces la ilusión esperanzada de aquellos años son los mismos que ahora los invocan para tratar de borrar su responsabilidad, durante más de tres décadas, en que Andalucía continúe hoy estando en el mismo sitio de entonces comparativamente con otros pueblos y territorios del Estado. Porque, más allá de los discursos triunfalistas y de afirmaciones para bobos como que estábamos convirtiéndonos en la California de Europa, o en la locomotora de la economía española, o habíamos entrado en una segunda o tercera modernización, la verdad es que seguimos estando donde estábamos, en los últimos lugares con respecto a todos los índices de bienestar: nivel de empleo, oportunidades para los jóvenes, valor añadido en las producciones, gasto educativo, camas hospitalarias por habitante, vertebración territorial, respeto al patrimonio natural y cultural, transparencia política, entidades de crédito propias, grado de igualdad social, atención a nuestra cultura…

Desde el día siguiente mismo al 28-F del 80, quienes han venido ocupando el gobierno de la Junta de Andalucía dieron la espalda a lo que los andaluces reivindicamos con ilusión y firmeza el 4-D y el 28-F: un instrumento de autogobierno que hiciera posible transformar económica y socialmente Andalucía y resolver sus más graves problemas. Por lo pronto, elaboraron un Estatuto que en lugar de traducir las esperanzas ilusionadas de este pueblo las segaron. El Estatuto del 81 -y esto vale también, o aún más, para el de 2007- fue una estafa a las reivindicaciones y valores del 28-F y el 4-D. Era un instrumento radicalmente insuficiente para cambiar nada importante, como lo demostró el fiasco de la más que tímida reforma agraria que quiso realizar el presidente Escuredo, impedida por los tribunales. Y ni siquiera ha conseguido que se reconozca algo tan obvio como que el Guadalquivir es un río andaluz… Lo que los andaluces conseguimos en las calles y en las urnas fue traicionado en los despachos, hasta el punto que Andalucía no se incorporó a la "primera división autonómica" en que ya estaban Cataluña, el País Vasco y Galicia.

¿Tendremos que olvidar que la responsabilidad máxima de todo lo anterior la tiene el partido que ha gobernado siempre Andalucía durante estas más de tres décadas porque ahora ese partido y su aliada IU llamen a "renovar el 28-F" tratando de demostrar que realizan políticas supuestamente distintas a las del gobierno del PP? Es cierto que hace treinta y tres años los andaluces tuvimos que enfrentarnos al gobierno de Madrid, que llamaba a no apoyar la iniciativa autonómica. Ahora quieren convencernos de que estamos en una circunstancia equivalente porque ese gobierno castiga y discrimina a Andalucía y, por ello, deberíamos rebelarnos otra vez. Pero la equivalencia es falsa. Primero, porque en lo fundamental las políticas de PP y PSOE coinciden plenamente en su sumisión a la banca y a la troika, como se reflejó en su reforma exprés de la Constitución y en los recortes, despidos, etc. que realizan tanto el gobierno del Estado como el de la Junta. Y segundo, porque ni PSOE, ni IU, ni el entorno de ambos plantean lo único que podría darles alguna credibilidad: la necesidad de un nuevo momento constituyente donde los andaluces decidamos, sin trabas exteriores, cuál queremos que sea el alcance de nuestro autogobierno. Pero lejos de plantear esto se empeñan en hacer un llamamiento para que defendamos lo que no nos sirve (aunque sí a ellos): esta autonomía. Que cada quién saque sus propias conclusiones.